Hace cinco años, un Pedro Sánchez pendiente de la investidura prometía que traería a Carles Puigdemont a España para ser juzgado apenas unos días después de que se emitiera la sentencia del 1-O. "La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso", afirmó impertérrito en, quizás, una de las frases más verídicas de las que haya pronunciado jamás el presidente.
Tras el paso de Dolores Delgado por la Fiscalía, la mano de Álvaro García Ortiz se ha notado en todos y cada uno de los asuntos de importancia para el Gobierno en un alineamiento de intereses creciente que ha provocado escándalo entre la judicatura, tensiones entre los fiscales y que ha alcanzado sus mayores cotas en los últimos meses de este curso político coincidiendo con los problemas judiciales del presidente. Estos son algunos ejemplos de que, efectivamente, la Fiscalía depende de Sánchez en un ejemplo más del acelerado daño a las instituciones que está produciéndose en esta legislatura:
Remando a favor de la amnistía:
Pocos días después de la aprobación de la Ley de Amnistía, que había venido generando fortísimas críticas públicas desde el sector judicial, la Fiscalía de García Ortiz se posicionó a favor de que el Tribunal Supremo la aplicara en el caso de malversación y desobediencia. Lo hizo después de que los fiscales del 1-O, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, dirigieran un informe a la Fiscalía general manifestando que la amnistía no era aplicable en el caso de la malversación atribuida a Carles Puigdemont.
El Ministerio Fiscal terminó enviando tres informes al Supremo el pasado mes de junio relativos a los casos relacionados con la amnistía que tiene en sus manos con la excusa de que no aplicar la amnistía "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma recién entrada en vigor.
Un clamoroso silencio
En paralelo, la Fiscalía dirigida por Álvaro García Ortiz también fue noticia no por sus actos sino por su silencio en torno a los crecientes señalamientos desde los socios de Sánchez primero y luego desde el propio gobierno, y el propio presidente, a los jueces. La teoría del lawfare, asumida ya plenamente por el Ejecutivo, fue objeto de quejas y comunicados por parte del CGPJ, de asociaciones de jueces y de asociaciones de fiscales desde el momento en que apareció recogida en el pacto de PSOE y Junts que terminaría por alumbrar la Ley de Amnistía. La Fiscalía General, no obstante, optó por no emitir queja alguna.
Maniobras contra Ayuso
La identidad Fiscalía-Gobierno se hizo especialmente evidente en su polémica actuación en torno a la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuesto delito fiscal. La emisión de un inédito comunicado contra Alberto González con detalles en torno a la negociación privada entre su abogado y el fiscal está al borde de llevarle a la imputación por revelación de secretos al dar orden a la Fiscalía Provincial de filtrar detalles del caso, como asumió él mismo.
Con Puigdemont
Otro asunto relacionado con Cataluña y los pactos de Sánchez con sus imprescindibles socios de Junts tuvo el apoyo de la Fiscalía. Cuando el Supremo tuvo que pronunciarse sobre la pertinencia de abrir una causa contra Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, la Fiscalía se mostró en contra en un llamativo cambio de postura del fiscal Álvaro Redondo que chocaba con la mayoría de fiscales de la sección penal del alto tribunal.
Fiscal defensor de Sánchez y Begoña Gómez
Capítulo aparte merece el posicionamiento de la fiscalía en torno a la investigación de Begoña Gómez, a la que se opuso desde el primer momento. El Ministerio Fiscal recurrió la apertura de diligencias por parte del juez Peinado en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid con "una diligencia inusitada y una celeridad escasamente frecuente". Así lo calificó el juez.
También recurrió, como el abogado de Begoña Gómez, que Peinado ampliara su investigación al rescate de Air Europa, reprochando al juez que quisiera extender su investigación a un "tiempo amplísimo". El último movimiento que ha sorprendido a los expertos fue recurrir, dos veces, la citación de Pedro Sánchez como testigo asumiendo la pretensión del presidente de que fuera por escrito.