Las críticas en torno a sus decisiones como árbitro de la Cámara Baja por la falta de neutralidad, la permisividad con sus aliados y el apoyo a los independentistas, han sido una constante durante sus primeros doce meses al frente del Congreso. Un mandato ensombrecido, además, por su implicación en el 'caso Koldo'
A diferencia de sus predecesores en el cargo que, independientemente del partido político al que pertenecieran, abrazaron la institucionalidad que requiere la jefatura del Congreso, la socialista Francina Armengol ha mostrado un perfil partidista, enfocado a garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa.
Las polémicas han envuelto a la actual secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso desde que tomó posesión del cargo el 17 de agosto de 2023. Armengol no ha disimulado su connivencia con los independentistas y con su propio partido que necesita el apoyo de éstos para mantenerse en el Gobierno. La oposición ha llamado la atención en reiteradas ocasiones sobre este comportamiento, impropio de la tercera autoridad del estado, y ha cuestionado su neutralidad. Una actitud que, incluso, ha dado lugar a manifestaciones y protestas, tanto dentro como fuera del Congreso, con algunos diputados de la oposición abandonando las sesiones en señal de desacuerdo. Unas tensiones que reflejan la polarización política vivida en la Carrera de San Jerónimo.
La llamada "purga de letrados", con la destitución y reasignación de varios de los magistrados que desempeñaban funciones clave en la Cámara Baja bajo la presidencia de Francina Armengol también ha generado controversia. Estos cambios han sido interpretados como un intento de la presidenta de consolidar su control sobre el funcionamiento interno del Congreso y asegurar ciertas decisiones legales y procedimentales. El nombramiento del subsecretario de Política Territorial, del Gobierno, Fernando Galindo, como nuevo secretario general de la Cámara, fue un movimiento de gran calado para los objetivos de los socialistas, dado que su predecesor, Carlos Gutiérrez Vicen, era muy crítico con la de ley de amnistía para los independentistas.
Aunque la mayor crisis durante el mandato de Francina Armengol llegó como consecuencia del llamado 'caso Koldo', al conocerse que durante la administración de Armengol en Baleares se abonó a una empresa fantasma 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2 y, un mes después de recibirlas, conociendo que eran defectuosas, se calificó el pedido como ‘satisfactorio’ y no se reclamó por las mismas la devolución del dinero. Tras conocerse los hechos, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados un escrito formal en el que exigió su dimisión como presidenta de la Cámara Baja. Armengol ha defendido su gestión, afirmando que todas las acciones se realizaron de manera legal y que no hay vínculos personales con la trama investigada, sin embargo, las explicaciones no han logrado disipar completamente las dudas.
Manga ancha con los nacionalistas
El mandato de Armengol ha estado marcado por su apoyo a los nacionalistas a los que necesitó para llegar a la presidencia del Congreso. Una de sus concesiones fue permitir a Junts tener grupo parlamentario propio, lo que le otorgaba más tiempo en intervenciones y una fuente de ingresos extra. También cedió a la exigencia de ERC y JuntsxCat de introducir traductores en el Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y euskera) durante los plenos. Para la implementación de este acuerdo fue necesaria, además de la contratación de traductores autónomos, la provisión de equipos de traducción simultánea y auriculares para todos los diputados. Hace unos días el PP volvió a pedir la dimisión de Armengol, al conocer que la factura que ha pagado el Congreso en traductores desde el pasado mes de septiembre asciende a 790.000 euros. Cada traductor, además, contratado un céntimo por debajo del límite 14.999.99 euros que obliga a que se licite vía concurso público.
Armengol fue rescatada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones autonómicas del 28-M de 2023, cuando no logró revalidar el Gobierno de las Islas Baleares al ser desbancada por la popular Marga Prohens, actual presidenta del archipiélago. Por el momento Pedro Sánchez no contempla su relevo, ya se celebren estas elecciones en 2027 o se anticipen.
