El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha atrincherado en la Fiscalía ante su posible imputación tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitó al Tribunal Supremo la imputación del fiscal general del Estado el pasado mes de julio por un delito de revelación de secretos. Todo ello, después de que García Ortiz ordenase a la Fiscalía de Madrid difundir una nota prensa en la que dejaba al descubierto la negociación entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador.
Fuentes del entorno de García Ortiz aseguran a Libertad Digital que "el fiscal general está muy tranquilo ante su posible imputación en el Supremo". No obstante, antes del verano varios medios publicaron que su intención era no dimitir en ningún caso. Si finalmente es investigado en el Alto Tribunal, se convertiría en el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España.
Cabe destacar que la Sala de admisión del Supremo que debe decidir sobre la imputación de García Ortiz aún tiene que recibir paradójicamente el informe de la propia Fiscalía al respecto. Dicho informe lo elaborará la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde. Es decir, una fiscal que además es su mano derecha y la nº 2 en el Ministerio Público tiene que informar sobre si su jefe debe ser imputado o no.
Fuentes fiscales consultadas por LD afirman que "la Carrea Fiscal no puede tolerar que un fiscal general del Estado sea imputado y que no dimita. Si García Ortiz no se marcha, no se pueden descartar protestas internas y movilizaciones para forzar su caída. Un fiscal general imputado por filtrar información contra un líder de la oposición es algo insólito e inédito, un desastre para la institución, que podría ser denunciada incluso ante las autoridades políticas y judiciales de la UE".
Mientras tanto, este jueves intervenía en la apertura del año judicial para presentar al rey Felipe VI la Memoria de la Fiscalía del año 2023. Durante su intervención, García Ortiz ha criticado la actuación de las acusaciones populares durante la apertura del año judicial, asegurando que aumentan el riesgo de investigaciones prospectivas y "pervierten el esquema natural".
En este contexto, García Ortiz pedía una "reflexión" sobre el ejercicio de la acusación popular, figura gracias a la cual se han abierto procedimientos como el que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez. Posteriormente, señalaba que la actuación de las acusaciones populares repercute en la calidad de la Justicia y fomenta el uso de los tribunales "con fines espurios". "Es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducir a diario y en todas las instancias", concluía.
El demoledor auto del TSJM
El instructor del TSJM que solicitaba la imputación de García Ortiz, Francisco José Goyena, afirmaba en su auto que "la difusión de dicha información, no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal, pues aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la Prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general y a lo que tendería la finalidad de la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid".
"Desde luego y en esto abundó el testimonio de la Excma. Sra. Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la Nota, podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse", afirmaba el magistrado.
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