La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el Alto Tribunal investigue a su jefe, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En un informe de 45 páginas, la 'número dos' del Ministerio Público solicita "declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones". Sánchez-Conde se ha pronunciado después de que el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara al Alto Tribunal la causa por la querella que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado finalmente.
Según el informe de la mano de derecha de García Ortiz, "ningún extremo de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía era desconocido cuando se hizo pública, es decir, todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento".
"En consecuencia", añade el informe, "desaparecido el carácter secreto o reservado de lo difundido, fruto de la publicación de su íntegro contenido en diferentes medios de comunicación, parece claro que los hechos no pueden ser típicos (constituir delito)".
Por su parte, el TSJM consideró que la difusión de la nota "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" (desmentir un bulo), porque "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
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