
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha denunciado un posible nuevo delito cometido por la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez: intrusismo profesional.
Manos Limpias amplío su denuncia inicial que originó la causa el pasado mes de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado. El sindicato apoyó su escrito en otra denuncia previa por intrusismo profesional presentada en mayo ante la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica Informático (CONCITI) por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro José de la Torre.
La denuncia de 5 páginas del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía recogida en el sumario, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recuerda como "varias mercantiles tecnológicas habrían realizado un programa informático, valorado en 150.000 euros, sin cobrar nada, destinado a una Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo se indica que dicha Universidad habría licitado trabajos informáticos por valor de 60.000 euros para completar dicho software, por estar inacabado. En el marco de la licitación reseñada, se observa pliego de prescripciones técnicas firmado el 25/07/2023 por la mujer de Pedro Sánchez.
"La elaboración de pliegos de prescripciones técnicas es una competencia exclusiva de la profesión de ingeniero técnico en informática, recogida como competencia común a la rama de informática en la titulación oficial habilitante de Grado en Ingeniería Informática", apunta la denuncia.
"Resulta palmaria la exigencia de estar en posesión de alguna de las titulaciones que dan acceso al ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática para elaborar un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de desarrollo de un sistema informático. Sin embargo, esta Corporación no tiene constancia alguna de que Dña. María Begoña Gómez Fernández posea titulación oficial habilitante para el ejercicio de la ingeniería técnica en informática. Así mismo, resulta públicamente notorio que se trata de la esposa del actual Presidente del Gobierno. Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón", añade.
"Un licenciado en empresariales carece de competencias para dirigir un proyecto de ingeniería en general y de ingeniería informática en particular. Peor aún, siendo los ingenieros técnicos en informática los únicos profesionales con competencia legal para realizar dicha actividad, los excluye e impide su pleno ejercicio profesional sin justificación de ninguna clase", destaca la denuncia.
"En definitiva, Dña. María Begoña Gómez Fernández habría suscrito un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de ingeniería informática careciendo por completo de la titulación oficial habilitante. Dado que se trata de un acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de intrusismo profesional en virtud del Art. 403 del Código Penal", subraya el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
Begoña Gómez ya es investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras poner a su nombre el software elaborado por la Complutense, puede ser investigada por un delito de apropiación debida. A estos tres delitos se podría sumar como cuarto el citado por intrusismo profesional.
Afectan a derechos fundamentales
La denuncia destaca además que la esposa de Pedro Sánchez "habría vulnerado flagrantemente el principio de libertad con idoneidad que rige las contrataciones de servicios en el sector público, no sólo estableciendo la participación en el proyecto licitado de personas sin cualificación alguna en la materia, sino que además excluye por completo del citado proyecto a los ingenieros técnicos en informática, los cuales, paradójicamente, son los únicos con competencia legal en dicha materia.
"Por último, y no menos importante, los servicios objeto de licitación afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos, en tanto que se trata de un sistema informático para una administración pública, en virtud del Art. 18.4 CE y del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, entre otros", concluye.
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