La Fiscalía del Tribunal Constitucional, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías que preside Cándido Conde-Pumpido tras el archivo de plano de una querella por supuestas torturas sufridas por dos hermanos en los años 70 durante su detención por la llamada Brigada Político-Social.
Según un comunicado de la Fiscalía, el recurso de amparo se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, de acuerdo con el nuevo escenario normativo que supone la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. En ella se establece expresamente el derecho a la justicia de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, así como la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en aquel periodo.
La Fiscalía recuerda que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el alcance y significado del derecho a la investigación del art. 29.1 LMD, por lo que "la cuestión trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social".
El Ministerio Fiscal, en actuaciones anteriores, ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación judicial efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso.
"De esta manera se ofrece una interpretación de la norma con enfoque de derechos humanos e integradora de los principios vertebradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia, de acuerdo con las exigencias del art. 10.2 de la Constitución", concluye la Fiscalía.
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