Con la mente puesta aún en el asesinato, en Barbate, de dos guardias civiles sin los medios suficientes para poder luchar contra el narco. Y con la frustración de haber visto como el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska desmantelaba, sin más explicaciones, la unidad OCON-Sur de lucha contra la entrada de droga. Así han tenido que volver a salir los Guardias civiles para alertar, una vez más, de que la lucha contra el narcotráfico se está perdiendo en España. Porque existe, señala la principal asociación de guardias, una auténtica situación de "impunidad".
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado nuevamente la "alarmante situación" que se vive en las costas andaluzas tras el último y reciente capítulo, del 20 de noviembre en Punta Polacra, en la zona del Cabo de Gata. Allí, una patrullera de la Guardia Civil, de nombre Río Guadiana, intentó identificar a los ocupantes de nada menos que once narcolanchas que se habían refugiado del temporal, tal como pudieron observar numerosos testigos desde la costa. Sin embargo, "las limitaciones técnicas de la embarcación impidieron que pudiera responder con eficacia, permitiendo que las mafias escaparan con total impunidad, incluso tras caer al agua dos tripulantes de una de las embarcaciones ilegales", señalan desde JUCIL. "La patrullera Río Guadiana se encuentra en servicio, pero con restricciones operativas debido al desgaste por uso intensivo y falta de mantenimiento adecuado", añaden los guardias.
El desmantelamiento de unidades clave
El secretario de Comunicación y portavoz de JUCIL, Agustín Leal, destaca que "este episodio confirma las advertencias de la asociación: JUCIL ha denunciado una y otra vez la falta de medios y de personal de la Guardia Civil y cómo este hecho fortalece a las mafias del narcotráfico que actúan desde hace años en esta zona". "La realidad es evidente: nuestras embarcaciones están desfasadas, son lentas y no pueden hacer frente a las narcolanchas modernas, rápidas y bien equipadas que emplean las mafias", añade Leal.
JUCIL, de hecho, hizo público hace unos días un informe -publicado por Libertad Digital- en el que desvelaba que "sólo siete de las 19 embarcaciones de Andalucía se encontraban operativas". Pues bien, el Ministerio del Interior aseguró "que no había motivos de alarma. La situación real contradice estas declaraciones. Embarcaciones como la Río Irati en Cádiz están fuera de servicio por daños graves, mientras que la Río Guadiana en Almería tiene restricciones operativas que limitan su capacidad para enfrentarse a las mafias que operan en la zona", insisten desde JUCIL.
El narcotráfico se fortalece ante la falta de recursos
JUCIL alerta de que "incidentes como el de Cabo de Gata, donde los guardias civiles fueron incapaces de evitar la fuga de las narcolanchas, demuestra cómo las mafias actúan cada vez con mayor descaro, conscientes de que las fuerzas de seguridad carecen de los medios necesarios para enfrentarlas".
JUCIL añade que, "meses después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte de narcotraficantes, la situación en las costas andaluzas no mejora: el Ministerio del Interior se limita a lanzar mensajes tranquilizadores, pero los hechos desmienten sus afirmaciones. No se puede proteger nuestras costas y a los ciudadanos con embarcaciones lentas y con un personal insuficiente que está desbordado", concluye la asociación.
La asociación JUCIL subraya que las mafias no sólo trafican con drogas, también con personas. "En este caso, la imposibilidad de rescatar a dos tripulantes caídos al agua de una de las narcolanchas y que fueron recogidos por otra de las ‘gomas’ por la lentitud de nuestra embarcación pone de manifiesto un problema que no podemos ignorar. Nuestras costas corren el serio riesgo de convertirse en un corredor libre para el tráfico ilegal", concluye JUCIL.