La transferencia de la competencia de Tráfico desde el Gobierno central a la Comunidad Foral de Navarra se está convirtiendo en una odisea. Pactado extraoficialmente por el PSOE con el PNV en diciembre de 2019 y ratificado posteriormente en un pacto con EH Bildu en noviembre de 2022, la responsabilidad corresponde ya sobre el papel a la Policía Foral de Navarra desde el 1 de julio de 2023.
Pero la realidad supera en muchas ocasiones a la voluntad política. El cuerpo policial navarro no tenía plantilla suficiente para hacerse cargo de esta competencia y el Gobierno central tuvo que permitir la ampliación de su plantilla primero y esperar a que los nuevos pasen por la academia después. Año y medio después de que los policías forales deban controlar el tráfico navarro todavía lo siguen haciendo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Esto no quita que la situación de los 173 efectivos del Instituto Armado en Navarra que están destinados a estas funciones y sus familiares no estén viviendo una situación de desasosiego. Y es que pese a que el Ministerio del Interior prometió que ninguno de estos agentes se movería de Navarra si no querían o que también tendrían la posibilidad de integrarse en la Policía Foral no saben nada de nada sobre su futuro.
El departamento de Fernando Grande Marlaska dio tres opciones a los agentes: permanecer en la Comunidad Foral dentro de la Guardia Civil pero en otro destino, continuar en el Instituto Armado en un puesto de tráfico pero en otra provincia, o unirse a la Policía Foral para seguir haciendo tráfico en la Comunidad Navarra, todo ello a través de una pasarela de la que todavía tampoco se sabe nada.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha exigido este lunes "medidas urgentes para garantizar una reubicación digna y adecuada de estos agentes, además de respuestas claras sobre cómo se respetarán sus derechos laborales. Esta situación es una muestra más de la falta de planificación y la ausencia de diálogo en decisiones que afectan directamente a la seguridad y estabilidad y a la dignidad de los profesionales que velan por ella".
En esta línea, la asociación ha reiterado su "oposición a políticas que, sin negociación ni consideración de las consecuencias, desmantelan el despliegue de la Guardia Civil en Navarra. Además, subrayamos que la pasarela para integrar a los agentes en la Policía Foral carece de una base legal clara, y lamenta que el proceso esté marcado por criterios políticos en lugar de priorizar la estabilidad profesional y personal de los guardias civiles".
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