El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica, para interrogarles sobre sus inversiones en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que se habría apropiado Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez es investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado Juan Carlos Peinado cita también para ese mismo día a Arsys Internet, y a quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal. Cabe recordar que estos dos últimos ya declararon también como testigos con anterioridad, por lo que ésta es la segunda vez que les cita.
El pasado miércoles, Begoña Gómez declaró durante 35 minutos en sede judicial aunque sólo contestó las preguntas formuladas por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. La esposa de Pedro Sánchez afirmó que no había intención de lucro en los hechos investigados relacionados con su cátedra y el software de la Complutense. También negó que el Instituto de Empresa (IE) le contratase por su condición de esposa de Pedro Sánchez.
Descargó toda la responsabilidad en la Universidad, la escuela de Gobierno de la UCM y en los Vicerrectores. Además, afirmó que ella cumplió con lo que se le dijo en todo.
Recordamos que ésta es la tercera vez que la esposa de Pedro Sánchez acude ante el juez. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el instructor la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".
En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En octubre, el juez amplió la investigación en su contra para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.
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