El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso adelante en sus pagos políticos a Junts per Catalunya, la formación política liderada por Carles Puigdemont, cuyos diputados en el Congreso de los Diputados son vitales para que el Ejecutivo pueda sacar sus leyes adelante. Se trata de la desclasificación de ocho informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017.
Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, que recoge la desclasificación por el Ministerio de Defensa, del que dependen los citados informes. También aprueba lo mismo para otros documentos confidenciales elaborados por las Fuerzas de Seguridad del Estado y que dependen del Ministerio del Interior. Los independentistas buscan datos para avalar su teoría de la conspiración de que el Gobierno central pudo hacer más por evitar los atentados.
Junts lleva varios años exigiendo la desclasificación de estos informes, una presión que ha ido incrementando paulatinamente desde que consiguió que se creara en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre estos hechos, con el objetivo de que de alguna manera el CNI y, por tanto, el Gobierno de España, por el hecho de que los servicios de inteligencia habían tenido en su radar al imán de Ripoll (Gerona).
En concreto, la comisión del Congreso pidió tener acceso a información del CNI sobre Abdelbaki Es Satty, el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto de 2017 y que recibió la visita de los servicios de inteligencia cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas.
Así, este órgano aspira a consultar la información sobre estas visitas que tengan los servicios secretos, incluida la transcripción de las entrevistas. También solicitó, entre otras cosas, la circular policial, si la hubo, advirtiendo de la aplicación del Reglamento europeo sobre precursores de explosivos, los vídeos y pruebas de voz de los testigos e información de las alertas de amenazas terroristas de los años previos.
Disposición del Ministerio de Defensa
Desde el Ministerio de Defensa habían avanzado que no tendrían problema en levantar la reserva sobre la información que pudiera obrar en poder del CNI pero a principios de diciembre la titular del ramo, Margarita Robles, exigió al Congreso que enviara una petición "en condiciones".
En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra de la que depende el CNI detalló al portavoz de Junts, Eduard Pujol, que, al estar la información clasificada como secreta, la desclasificación tenía que pedirse al Consejo de Ministros, único órgano competente para proceder en estos casos.
"No tenemos voluntad de ocultarla, no haga más que pedirla, pero en condiciones, porque no nos podemos saltar la ley ni usted ni yo", sentenció Robles. Tan sólo un día después, el 4 de diciembre la comisión del Congreso remitía una petición formal al Consejo de Ministros.
