La investigación contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se centra en intentar recuperar posibles llamadas efectuadas con el Gobierno de Pedro Sánchez. García Ortiz es investigado por un delito de revelación de secretos junto a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Este miércoles, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Rodríguez (MAR) comparecerá como testigo en el Tribunal Supremo junto a varios periodistas. Estas citaciones fueron acordadas por el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado a petición del fiscal general del Estado y de la también imputada fiscal jefe provincial de Madrid.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación se ha focalizado en intentar recopilar las llamadas telefónicas efectuadas por Álvaro García Ortiz horas antes y después de la supuesta filtración. En principio, será muy difícil recuperar sus mensajes relacionados con la causa. Aunque se mandase una comisión rogatoria a las empresas tecnológicas o de telefonía con sede en EE.UU., estas probablemente sólo podrían entregar un paquete de datos en bruto codificado".
"Cabe destacar que se desconoce el paradero del primer teléfono móvil que García Ortiz utilizó para mandar mensajes y que fue borrado ya que el segundo dispositivo que entregó a la UCO lo empezó a utilizar una semana después de ser imputado por el Supremo. Es decir, el fiscal general cambió su móvil una semana antes de que los agentes de la Guardia Civil registraran su despacho el pasado 30 de octubre", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "aunque no se pueda conocer el contenido de los mensajes borrados por García Ortiz, sí es más factible intentar recuperar la lista de llamadas. No se descarta que en dicho listado figuren números de teléfono pertenecientes a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez o a periodistas de medios de comunicación próximos al Ejecutivo socialista. Si se consiguen estos resultados con las diligencias acordadas, supondría la obtención de nuevos indicios incriminatorios contra el fiscal general en la causa".
Precisamente, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado requería este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informase sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de abonados de telefonía móvil del fiscal general.
El instructor solicitaba a dos operadoras telefónicas que facilitasen los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
El Supremo no amplía el periodo investigado
En un segundo auto, el instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rechazaba también este martes el recurso planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es una de las acusaciones populares personadas en la causa, contra la decisión del propio magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.
Según Hurtado, "aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero", "hasta remontarnos a tal fecha es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga". En cualquier caso, el magistrado incidía en que su decisión actual "no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa"
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