La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado ante las instituciones europeas la reforma judicial del Gobierno de Pedro Sánchez con la que pretende archivar los casos de corrupción que salpican a su entorno y desnaturalizar a las acusaciones populares.
En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, la APM señala que "el pasado viernes, día 10 de enero, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica que denomina ‘de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas’".
"La proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales…), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas", añade.
"La reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas. Además, pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados que, sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica", subraya.
"Por ello, hoy hemos dirigido sendos escritos a Dña. Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo y a Dña. Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, expresando nuestra preocupación por lo que entendemos es nuevo ataque a nuestro Estado de Derecho, solicitando su intervención", concluye.
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