La cruzada del PSOE para maniatar a la Justicia en los casos de corrupción que acechan al entorno del presidente del Gobierno tiene muchas más consecuencias de gran calado. Así lo ha puesto de manifiesto este domingo la asociación Dignidad y Justicia, que acusa a Pedro Sánchez de dejar a las víctimas del terrorismo "sin capacidad de acción", al "cargarse" las acusaciones populares, ya que, según la proposición de ley registrada este viernes, no podrán ejercer como tal partidos políticos ni asociaciones y fundaciones vinculados a ellos.
"El proyecto hace algo perverso: prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan vinculación con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado, pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación", advierte en un comunicado su presidente, Daniel Portero, quien denuncia, además, que dicha reforma "va contra el artículo 125 de la Constitución".
"Se carga las acusaciones populares y deja a las víctimas sin capacidad de acción, pues no nos permite participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo", insiste Portero.
Con todo, Dignidad y Justicia denuncia que Sánchez "está dando un golpe de estado y encaminando al país hacia una tiranía" ya que, tras tener "controlado" el poder ejecutivo, legislativo y el Tribunal Constitucional, ahora "pretende" controlar todo el sistema judicial "por la puerta de atrás, con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno".
La polémica proposición del PSOE
El pasado viernes, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales que, bajo la excusa de frenar las "acciones judiciales abusivas" con el fin de "proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial", lo que hace es acotar el papel de las acusaciones populares; algo que, en la práctica, serviría para desactivar casos como los que se siguen contra Begoña Gómez o David Sánchez.
En este sentido, Dignidad y Justicia asegura, textualmente, que Sánchez busca que solo sea la Fiscalía la que tenga el poder para impulsar procedimientos, algo que, además, tendría consecuencias en otros ámbitos, entre ellos, la lucha antiterrorista. "Sin la acusación popular, sin embargo, ni el caso Faisán, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria", advierte la asociación de Daniel Portero.
El comunicado insiste, además, en que la proposición de ley presentada por el PSOE "es jurídicamente un despropósito" por dos motivos: "Uno, pretende extender a las causas penales una directiva europea que aplica únicamente para procedimientos civiles; y dos, su redacción es incoherente: plantea modificaciones que luego ni siquiera el propio texto hace, como la supresión de la referencia a las faltas, la restricción de los supuestos para que varias asociaciones se personen baja una misma representación o la exclusión de la acusación popular a pesar de que el terrorismo es un bien jurídico protegido".
La matización del PSOE
Ante el revuelo causado, la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, ha defendido este domingo que los socialistas no plantean eliminar la acusación popular en la proposición de ley de reforma de la Justicia que han planteado en el Congreso sino que el objetivo es "limitarla" o "acotarla".
"La proposición de ley propone acotar, no eliminar esa acusación popular. No parece lógico que sean partidos políticos o asociaciones afines a los partidos políticos quienes utilicen esa figura. Y no se está suprimiendo en ningún caso", ha insistido. Sin embargo, tal y como ha subrayado Portero, el problema es la subjetividad que esa "afinidad" plantea.
