La Generalidad de Cataluña no suavizó su ojeriza hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado ni durante la pandemia de coronavirus. Pese a la instrucción clara del Ministerio de Sanidad del Gobierno central, que incluyó a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lista de profesiones esenciales cuyo proceso de vacunación debía ser preferente, los responsables del Departamento catalán de Salud hicieron caso omiso.
Los sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos decidieron llevar a los tribunales esta situación, que consideraban que ponía en riesgo su salud e, incluso, sus vidas. Los datos que tenían en su poder eran concluyentes: el 24 de abril de 2021 la vacunación en los Mossos d´Esquadra estaba al 77%, la de la Guardia Urbana de Barcelona al 77,9%, los bomberos de la región al 69,8%, mientras que la Policía Nacional estaba en el 9,9% y la Benemérita al 6,32%.
Durante la instrucción judicial de la causa se ha conocido que incluso la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, remitió una carta en aquellos días a la que fuera ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al que era ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para advertirles de que la Generalidad de Cataluña había dado una contraorden para no vacunar a estos agentes, lo que supuso una gran sorpresa en ambos ministros.
Ahora el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha decidido procesar a cinco altos cargos de la Consejería catalana de Salud por dos posibles delitos. El primero, de prevaricación, por tomar una decisión que no tenían competencia para tomar. El segundo, un delito contra los derechos de los trabajadores, pues pusieron en riesgo su salud y sus vidas al no facilitarles la vacunación contra el Covid-19 como había ordenado el Ministerio de Sanidad.
"Sentado lo anterior, que son presupuestos fácticos no controvertidos y que aparecen debidamente documentados, se evidencia que concurren los presupuestos del delito de prevaricación administrativa ya que nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del Departament de Salut contra los funcionarios de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña", dice el auto del juez.
"Por lo que se refiere al delito contra los derechos de los trabajadores puede adelantarse ya, que se aprecian indicios racionales de que con la cuestionada decisión adoptada, se puso en grave riesgo la salud e incluso la vida de miles de funcionarios de policía a los que se privó de vacuna en plena pandemia, al tiempo que se les exigía cumplir con las funciones que les vienen legalmente encomendadas y por todos conocidas", añade el auto.
Los cinco altos cargos de la Generalidad de Cataluña que se enfrentan a estos delitos son Alba Vergés Bosch (entonces Consejera de Salud de la Generalidad), Francesc Xavier Rodríguez Guasch (entonces director de servicios de la Consejería de Salud), Adría Comella Carnicer (entonces director del Servicio de Salud de Cataluña), Josep María Argimon Pallás (entonces Secretario de Salud Pública de la Generalidad) y Marc Ramentol Sintas (entonces director general de Coordinación Interdepartamental).
El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), uno de los sindicatos policiales personados en la causa, ha celebrado este miércoles el auto del juez: "Estamos muy contentos con el auto, porque los que era absolutamente lamentable es que en una emergencia de salud pública nacional la administración catalana dejase completamente abandonados a las Fuerzas de Seguridad del Estado que prestaban servicio en Cataluña".
"No puede ser que se les tratara como ciudadanos de segundo sobre por pertenecer a la Administración General del Estado, negándoles algo tan básico como en aquel momento era la vacunación. Estamos muy contentos porque lo que no queríamos es que en ningún momento se politizara algo tan grave como el Covid. Que tenga que responder quien tenga que responder", añaden desde el SPP
Misma alegría han mostrado desde JUPOL, uno de los sindicatos que iniciaron el proceso judicial: "Este avance en el juicio no hace más que confirmar la injusticia sufrida por miles de agentes en esta región y vuelve a poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat. Esta discriminación es una muestra más del odio acérrimo que procesan desde las instituciones catalanas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".
El portavoz del sindicato, Ibón Dominguez, considera que "el avance del proceso judicial nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas, situaciones que ponen en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral".