Pocos días después de que el Gobierno presentara un plan de vivienda —una de cuyas medidas es "incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes"—, el Ayuntamiento de Barcelona anuncia su intención de prohibir directamente a los extranjeros la compra de un piso si no es para vivir él o un familiar directo. La medida se extendería también a los fondos de inversión. De consumarse, se impediría la actividad de estas sociedades en la capital catalana.
La propuesta municipal ha salido de las filas de ERC y ha sido asumida por el alcalde, el socialista Jaume Collboni, así como por el grupo de los Comuns, herederos de Ada Colau. Así, el Ayuntamiento ha aprobado una proposición republicana que insta a prohibir las ventas a extranjeros y fondos de inversión si las viviendas no se dedican a un "uso residencial propio o de un familiar directo". Junts, PP y Vox votaron en contra.
Según ERC, las ventas a extranjeros y fondos de inversión fomentan la especulación, encarecen la vivienda e impiden la emancipación. Y todo ello por culpa, según el texto de ERC, "de fondos de inversión y personas no residentes con alto poder adquisitivo que vienen a Barcelona a adquirir viviendas para especular".
La intención del alcalde socialista es haber eliminado todos los pisos turísticos de la ciudad en menos de cuatro años, así como los alquileres de temporada. Esos anuncios van en línea con lo pregonado por el Gobierno en su plan de vivienda.