El PSOE de Pedro Sánchez ha solicitado la convocatoria de la Audiencia prevista en el art. 505.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el fin de acordar prisión provisional comunicada y sin fianza para el comisionista Víctor de Aldama en el marco de la trama Hidrocarburos. La formación socialista está personada como acusación popular en la causa, a pesar de que el partido ha anunciado una reforma para limitar la acción popular.
En un escrito de 8 páginas remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los socialistas señalan que "la libertad conseguida por el señor Aldama, obtenida con la añagaza de una colaboración procesal en otro procedimiento que en realidad se limitó a desplegar un relato denigrante contra responsables del Partido Socialista, no sólo se ha visto huérfano de cualquier prueba, sino que está estorbando al resultado de la presente instrucción".
"No cabrá despreciar tampoco el peligro de que los investigados cometan otros hechos delictivos o reiteren los mismos ya cometidos (art. 503.2 L.E.Cr.). En este sentido, el Informe 209/2024 de la U.C.O. (Ac. 188) explicaba cómo alguno de los implicados en esta trama ya consta como investigado en esta misma Audiencia Nacional (Diligencias Previas 100/2021 de este mismo Juzgado) por haber cometido el mismo fraude con otras empresas, de tal forma que, una vez detenido y puesto en libertad, no tuvo reparo en retomar el delito bajo la tapadera de otras sociedades. Igualmente, ya hemos referido las observaciones de la Guardia Civil sobre la "permanencia en la comisión del delito" de los investigados", añade.
"Se investiga en la presente causa una trama delictiva dirigida por Víctor de Aldama Delgado y los hermanos Claudio y Luisa Rivas Ruiz Capillas, que entre finales de 2021 y 2024 defraudó más de 200 millones de euros a la Hacienda Pública. (Según el último cálculo provisional de la Guardia Civil, el fraude llega a la cifra de 231.727.536´51 euros) en la comercialización de Hidrocarburos, a través de una compleja estructura empresarial con la que los investigados fueron blanqueando los beneficios ilícitamente obtenidos. Estas son las circunstancias que se tuvieron en cuenta para el dictado del Auto de 10 de octubre de 2024 que acordó su prisión provisional; lo único que ha cambiado en estos hechos es el cálculo de la cuantía del fraude (que ha aumentado) junto con el empeño de los investigados por seguir negando su culpabilidad y, por lo tanto, negarse a colaborar con la justicia", subraya.
"En fin, no creemos que mantener en libertad al señor Aldama compense el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación y la integridad de otros bienes jurídicos relevantes merecedores de protección", concluye.
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