El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha confesado en sede judicial que borró su teléfono móvil porque tenía información que afectaba a "altas instituciones" del Estado.
García Ortiz ha declarado este miércoles durante hora y media como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En esta causa también están imputados la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que declara este jueves y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la declaración de García Ortiz ha sido inusual desde el primer momento. Ha aparecido en la Sala acompañado del fiscal jefe del área de penal del Supremo José Javier Huete. Ha entrado en sala antes que las demás partes y se ha sentado en estrados, el único que hasta ahora lo ha hecho. Cuando iba a comenzar la vista, estaba conversando con la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez-Conde. Es tremendamente inusual que el investigado esté hablando con el fiscal de su propio caso. Además, el abogado del Estado que le defiende se ha dirigido a él en todo momento por su cargo de ‘fiscal general’ durante el interrogatorio".
"García Ortiz se ha negado a contestar al juez Hurtado y le ha acusado de actuar de forma predeterminada. Sólo ha contestado a su defensa que ejerce la Abogacía General del Estado. Por su parte, la Fiscalía no ha querido interrogarle y en su lugar, la teniente fiscal del Supremo ha hecho un alegato manifestando que se han vulnerado los derechos fundamentales de García Ortiz tras acordarse la entrada y registro en su despacho el pasado mes de octubre, que esta diligencia era ilegal y que su petición de nulidad del citado registro aún no se había resuelto. Sánchez-Conde, mano derecha de García Ortiz, ha leído hasta nueve puntos contenidos en varios folios, mostrando su criterio acerca de la supuesta inconstitucionalidad de todo el proceso y ha concluido que por esta razón no iba a formular ninguna pregunta", añaden.
"Durante su declaración, el fiscal general ha negado rotundamente haber cometido cualquier tipo de filtración sobre el caso de Alberto González Amador a periodistas, al Gobierno de Pedro Sánchez o al entorno del PSOE. También ha negado haber dado instrucciones a otras personas para hacerlo. De igual forma, ha manifestado que no tiene constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid, ni que se intentara perjudicar a González Amador o se tratara de obstaculizar su pacto de conformidad por ser pareja de Díaz Ayuso", subrayan.
Posteriormente, ha justificado que "solicitó los correos electrónicos sobre la negociación de conformidad del fiscal Julián Salto con el abogado de González Amador en la noche del 13 de marzo de 2024 porque necesitaba contrarrestar la información que se estaba publicando en los medios de comunicación sobre lo que había sucedido".
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "García Ortiz ha insinuado que la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, que declaró contra él como testigo hace dos semanas, tuvo también acceso a los correos electrónicos y por tanto, podría haber participado en la filtración investigada o estar también imputada. Ha acusado a Lastra de mentir y ha dicho que está desafecta con la gestión de la Fiscalía. También ha desmentido que se dirigiera a él preguntándole ‘Álvaro, ¡lo has filtrado tú?’. Según García Ortiz, nunca un fiscal hablaría así al fiscal general del Estado".
Respecto al borrado de su teléfono móvil, "intentaba justificarse señalando que él borra su móvil porque almacena datos e información que afectan a altas instituciones del Estado e internacionales, que podrían afectar a la seguridad nacional. No obstante, no hacía referencia al supuesto protocolo con el que la Fiscalía justificó el borrado de su dispositivo y se escudaba en que era una obligación legal contenida en el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Después, aseguraba haber cambiado de teléfono 6 veces en 4 años, la última el pasado 23 de octubre, una semana después de ser imputado, a pesar de haber pedido el cambio del dispositivo en mayo. Afirmaba que cambió de móvil en esa fecha porque fue cuando se acordó, le vino bien y cuando tuvo el momento".
Insinuaciones contra la Junta de Fiscales de Sala
Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que "García Ortiz ha afirmado en sede judicial que el documento con la información contable de la empresa Maxwell Cremona del caso de Alberto González Amador no se filtró hasta cuando se trasladó a la Junta de Fiscales de Sala".
Por último, se ha quejado de que los medios hayan criticado a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber sido directora de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.