Dos ex fiscales generales del Estado y once fiscales de Sala piden la dimisión de García Ortiz

Dos ex fiscales generales del Estado y otros once fiscales de Sala han solicitado la dimisión de Álvaro García Ortiz como actual fiscal general del Estado.

García Ortiz es investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Los firmantes son los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Najera, Francisco Moreno, Manuel Moix y Maria José Segarra. Madrigal y Segarra fueron fiscales generales del Estado.

LD publica íntegramente el manifiesto:

Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que V.E comunicó su decisión de continuar en el desempeño del cargo de FGE, se han producido hitos en la causa que se sigue contra V.E. en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible - por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran - su renuncia a dicho cargo.

La imagen del Ministerio Fiscal que el Fiscal General del Estado representa y la Institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable. Su permanencia al frente, al tiempo que viene siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales.

Es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la Institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación. La permanencia de V.E. en el cargo de Fiscal General del Estado difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera.

El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal.

El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la Fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental.

La comparecencia del Fiscal General del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho. Puede hacerlo como investugado Don Álvaro García Ortiz; nunca el Fiscal General del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de 'velar por la independencia de los Tribunales'.

Los escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la Institución del Ministerio Público, que como Fiscal General representa, son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión.

En esta tesitura, en un Estado de Derecho, no cabe otra decisión que la renuncia de V.E. al cargo que ostenta para preservar a la Institución. Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a V.E., le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la Institución a la que se debe.

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