Oficiales de la Guardia Civil intentan parar en los tribunales la expulsión del Seprona de Cataluña
El traspaso de las competencias policiales en materia de Medio Ambiente a Cataluña fue aprobado en la Junta de Seguridad de la región.
La actividad de los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil parece tener los días contados en Cataluña. La última Junta de Seguridad de la región, en la que participaron el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y la Generalidad de Cataluña, acordó el traspaso de las competencias policiales en materia de Medio Ambiente a los Mossos d´Esquadra.
Esta decisión, incluso, fue ratificada a los representantes de las asociaciones profesionales del Instituto Armado en el último pleno del Consejo de la Guardia Civil, que tuvo lugar a mediados de diciembre de 2024. Un pleno en el que la directora de la institución, Mercedes González, volvió a insistir en que bajo ningún concepto se haría también el traspaso de aeropuertos y puertos, algo que también se va a hacer.
Una decisión que no cogió por sorpresa, pues el Gobierno lleva años retirando competencias a los cuerpos estatales en País Vasco, Navarra y Cataluña para dárselas a los cuerpos autonómicos. Se ha retirado a desactivadores de explosivos y expertos en montaña de estas regiones, se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y se permite que Mossos y Ertzaintza jugueteen con las competencias marítimas.
Sin embargo, la decisión final se tomará en los tribunales. La Unión de Oficiales, la asociación que representa a las dos escalas de mandos en el Consejo de la Guardia Civil, ha recurrido la decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. El escrito, según han explicado desde la asociación a Libertad Digital, fue presentado en el tribunal durante la jornada de ayer jueves 6 de febrero.
La asociación profesional argumenta que una decisión de la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que se tomó la decisión de ceder las competencias policiales en Medio Ambiente a la policía catalana, "no tiene fuerza de Ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña".
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