El exministro de Transportes José Luis Ábalos ocultó al Tribunal Supremo que es propietario de un local que fue la sede de su ONG, Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Dicha ONG recibió 5,5 millones de euros en subvenciones durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este jueves comparecerá como testigo en el Supremo la que fuera pareja de Ábalos, Jessica García.
Hace unas semanas, el magistrado Leopoldo Puente, que investiga la parte de la Trama Koldo que afecta a los aforados, encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) un informe patrimonial de Ábalos y de su hijo. El exministro declaró como investigado el pasado 20 de febrero y unos días después informaba al instructor de que por un "lapsus que sufrió en el momento de prestar su declaración", olvidó reconocer un inmueble de su propiedad. Se trata de un "local comercial en planta baja" sin distribución interior, con dos puertas de acceso y una superficie de 187 metros cuadrados.
Según ha podido saber Libertad Digital, el local situado en el nº 10 de la calle Conchita Piquer de Valencia fue la sede de Fiadelso. Desde 2003, compartía su titularidad con el que fuera presidente de dicha ONG desde el año 1999, Gustavo Casal Ardines, amigo de Ábalos, que además fue asesor, secretario general de agrupación socialista Valencia norte y candidato en las listas del PSOE en varias elecciones municipales.
El 17 de septiembre de 2013, Ábalos y Casal Ardines se hacían titulares cada uno del 16,6% restante del bajo comercial, hasta obtener un 50% del local cada uno. La sede de la ONG cargaba entonces con una hipoteca de 135.000 euros. Finalmente, en septiembre de 2015 el exministro de Transportes realizó la subrogación del préstamo hipotecario de dicho local.
Fiadelso recibió 5 millones y medio de euros durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Parte de estos fondos procedía del presupuesto de la Agencia de Cooperación al desarrollo.
El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez declaró la semana pasada durante 40 minutos como imputado ante el instructor que investiga a las aforados de esta trama corrupta. El magistrado Leopoldo Puente le impuso como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, y la obligación de comparecer quincenalmente en la Secretaría de la Sala Penal del tribunal.
José Luis Ábalos afirmó no poseer bienes fuera de España, ni de manera directa ni indirecta, incluyendo la posibilidad de administrarlos a través de testaferros. Señaló que no es socio, ni administrador de ninguna fundación o sociedad, salvo la Fundación Pablo Iglesias. Respecto a una propiedad en Perú, explicó que, originalmente, el inmueble figuraba a nombre de una fundación, pero que, tras la escisión de esta, pasó a estar registrado a su nombre, aunque apuntaba que aún no se encontraba formalmente inscrito debido a problemas administrativos.
Desde su nombramiento como ministro, Ábalos aseguró haber contado con tres fuentes de ingresos principales: su salario como ministro, una indemnización del Congreso de aproximadamente 2.000 euros mensuales y rentas de dos alquileres: un bajo en Valencia (comprado en 1993) y otro inmueble arrendado a Koldo. El exdirigente socialista no se refería al local de que fue sede de la ONG que fundó. Tras su etapa como ministro, sus ingresos han provenido únicamente de la indemnización del Congreso, colaboraciones en tres tertulias y, ocasionalmente, el alquiler de un chalet que posee junto a su esposa.
La ONG de Ábalos, Fiadelso
Según la descripción de su página web, Fiadelso era una "organización independiente de vínculos políticos o religiosos, pero comprometida con los valores de libertad, solidaridad, progreso, justicia social, la extensión cultural y el desarrollo institucional". Su objetivo era "la dinamización de actividades de desarrollo, tanto en España como en países empobrecidos, mediante la formación de recursos humanos, el apoyo a la reflexión e investigación sobre el desarrollo, la realización de proyectos experimentales de desarrollo local y de protección al Medio Ambiente, el impulso a políticas y programas de carácter social dirigidos a los sectores más desfavorecidos, y el fortalecimiento democrático e institucional".
La ONG tuvo delegaciones en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, País Vasco, Andalucía o Extremadura. También dispuso de una red de representaciones en países de América Latina, como Bolivia, Colombia, Honduras, Perú y Chile. En estos países, desarrollaba supuestamente numerosos proyectos de cooperación.
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