Policías y guardias civiles claman contra las nuevas cesiones a la Generalidad: "Nos están desmantelando en Cataluña"

La cesión de las competencias en inmigración y fronteras a Cataluña ha dado un importante paso adelante en las últimas horas. El PSOE y Junts per Catalunya han anunciado en la noche del lunes un acuerdo definitivo para hacerlo posible, que ratifica el aumento de plantilla de los Mossos d´Esquadra. Este mismo martes, han registrado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para sacarlo adelante.

La confirmación de esta nueva cesión ha caído como un jarro de agua fría en la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos policiales a los que se viene retirando sus competencias de manera paulatina que van siendo entregadas a los cuerpos autonómicos en función de las necesidades políticas del Gobierno y la aritmética parlamentaria del momento. Unas competencias que, en muchos casos, según la legislación vigente, tienen de manera exclusiva.

Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles han puesto el grito en el cielo y han vuelto a mostrar su rechazo a los que consideran un mercadeo político de competencias y un desmantelamiento de ambos cuerpos en aquellas regiones que cuentan con cuerpos policiales autonómicos.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha puesto de manifiesto su "absoluto rechazo y profunda indignación" ante el "bochornoso" acuerdo entre el PSOE y Junts. "Esta decisión supone un nuevo ataque frontal al Estado de Derecho, una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña", han señalado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el otro sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha advertido de que "seguirá plantando cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias de Policía a los Mossos" y han considerado que es "totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo".

La Confederación Española de Policía (CEP) ha considerado que este acuerdo político "constituye un golpe mortal para los cometidos de la Policía Nacional", y ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska porque "ha sido incapaz de frenar esta nueva embestida del independentismo catalán hacia las competencias exclusivas de nuestro cuerpo".

Justicia Civil (JUCIL), la asociación mayoritaria en el Instituto Armado, ha asegurado que el pacto entre PSOE y Junts supone "un paso más en el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña" y ha censura el oscurantismo con el que se ha llevado toda la negociación: "A pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una gran opacidad sobre este asunto".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que este acuerdo "supone un nuevo mercadeo político a costa de la seguridad pública y de la integridad de España" y ha considerado que tanto Marlaska como la ministra de Defensa, Margarita Robles, "deberían presentar su dimisión de manera inmediata para impedir que con su apoyo se dé un duro golpe a los miles de guardias civiles que han dedicado su vida a garantizar la seguridad".