El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, forzó un comunicado de la asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia denunciando una supuesta "campaña de presiones" contra el TC tras el ultimátum del Tribunal Supremo.
Tal y como desveló LD, en las últimas fechas el Supremo ha lanzado hasta dos advertencias a Conde-Pumpido y a los demás magistrados izquierdistas del Constitucional de posibles futuras investigaciones por prevaricación, tras el indulto encubierto concedido a los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía.
Libertad Digital publica el email que Cándido Conde-Pumpido envió a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia que fundó en el que adjunta una noticia para forzar la elaboración de un comunicado contra la "derecha judicial" y en defensa del Tribunal Constitucional que preside.
El artículo adjuntado en el correo electrónico de Conde-Pumpido fue publicado por el medio digital Infolibre el pasado 16 de febrero y se tituló "La derecha piensa ya en una causa contra el TC tras el intento del Supremo de descabezar la Fiscalía". En él, se hacía referencia a las dos advertencias efectuadas por el Supremo a Conde-Pumpido y los magistrados izquierdistas del Tribunal de Garantías sobre posibles futuras investigaciones por un delito de prevaricación.
La imagen que publica LD muestra el envío del email del presidente del TC a la cuenta de correo electrónico general de Juezas y Jueces para la Democracia. Posteriormente, dicha asociación emitía un comunicado el pasado 20 de febrero en el que denunciaba una supuesta campaña de presiones contra el Constitucional y el propio Conde-Pumpido.
Durante el acto de homenaje al expresidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por la banda terrorista ETA hace 29 años, el propio Conde-Pumpido reclamaba hace tres semanas que se permitiera al órgano de garantías "ejercer sus relevantes funciones de control de la constitucionalidad de las leyes y tutela de los derechos fundamentales (…) sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, sea político, económico o mediático, esté en el gobierno o en la oposición y sea tanto público como privado".
El comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia
Juezas y Jueces para la Democracia manifiesta su profunda preocupación ante la campaña de presiones dirigidas contra el Tribunal Constitucional, sus integrantes y particularmente su presidente. Recordamos que los nombramientos de sus magistradas y magistrados se han realizado conforme a la Constitución, siguiendo procedimientos establecidos y respetados bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas durante más de cuarenta años.
Si bien la crítica a sus resoluciones es legítima dentro del debate democrático, observamos con preocupación cómo en los últimos tiempos se han lanzado insinuaciones sobre la posibilidad de admitir querellas contra integrantes del Tribunal Constitucional por el ejercicio de sus funciones.
Esta campaña es inaceptable. La erosión de las instituciones por el mero hecho de mantener visiones distintas sobre la interpretación de la Constitución es una absoluta irresponsabilidad. La práctica deslegitimadora con la que vemos que se actúa últimamente respecto de cualquiera que no se pliega a los intereses de determinados grupos es un grave error que amenaza el sistema de equilibrios en que todo sistema de derechos y libertades se sostiene.
No podemos permitir que el pluralismo constitucional se vea amenazado por el uso del derecho penal como herramienta de presión política, una tendencia preocupante que observamos tanto a nivel nacional como internacional. La coacción penal no es un método válido para delimitar la interpretación constitucional.
El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y su labor es esencial para la protección de la ciudadanía frente a todos los poderes, incluido el judicial. Su independencia no puede estar sujeta a intereses ajenos a su función. Cualquier intento de imponer una tutela externa sobre sus decisiones desvirtúa su papel y compromete el respeto al marco constitucional.
Por ello hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al respeto institucional por parte de todos los actores políticos y sociales. La solidez de nuestra democracia depende de la confianza en nuestras instituciones, y esa confianza debe mantenerse incluso cuando sus resoluciones puedan generar discrepancias.
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