Tormentoso pleno monográfico sobre la crisis del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña. Convocado a petición de ERC y los Comunes (la versión catalana de Sumar), el pleno se ha convertido en una trampa para Salvador Illa y su consejera de confianza, la portavoz del Govern y titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.
ERC, el socio de referencia de Salvador Illa y su ejecutivo ha cargado las tintas contra Renfe y Adif así como contra el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente. Ha sido la forma de la portavoz republicana, Ester Capella, de intentar salvar la cara de los desbordados Illa y Paneque. "Tienen que escoger entre Cataluña y España, tienen que ejercer de gobierno de Cataluña y plantarse cuando toca. Los responsables son Renfe y Adif y por extensión el ministerio y el Gobierno de España, no la consejería o la Generalidad", ha señalado Capella.
Los republicanos tratan de eludir las consecuencias del nefasto servicio ferroviario en Cataluña, agravado por un traspaso al que se oponen los sindicatos de los comités de empresa de Renfe y Adif. Los trabajadores no quieren depender de la Generalidad y han logrado condicionar el traspaso al mantenimiento de sus condiciones laborales, lo que implica que la empresa que se hará cargo del servicio de Rodalies estará formada por Renfe con el 50,1% y la Generalidad con el 49,9%.
Esa ha sido una de las condiciones de los sindicatos para desconvocar las últimas jornadas de huelga, que los trabajadores sigan dependiente del Estado y no de la Generalidad catalana. La intención inicial de socialistas y republicanos era que el traspaso del servicio comportara la creación de una nueva empresa controlada en su totalidad por la Generalidad, pero la presión sindical ha alterado por completo los planes de una concesión, el traspaso, que fue una de las condiciones de ERC para la investidura de Pedro Sánchez.
El servicio de cercanías en Cataluña está sometido a una situación irregular desde que en 2010 el entonces presidente de la Generalidad, el socialista José Montilla, y el ministro de Fomento de la época, José Blanco acordaron que la administración autonómica se haría cargo de la gestión del servicio mientras que el Estado se comprometía a invertir en la infraestructura. Desde entonces, la Generalidad marca los horarios y tarifas, Renfe pone el personal y los trenes y Adif, personal e infraestructura.
Si antes ya no iba bien Rodalies, los últimos años se han caracterizado por la acumulación de incidencias, los retrasos, la mala calidad del servicio, el incivismo y la inseguridad en trenes y estaciones. Sin embargo, lejos de considerar el traspaso un mal negocio, ERC lo persiguió como si se tratara de caza mayor en las relaciones entre el separatismo y el Gobierno de Sánchez.
Ahora ERC trata de que la situación de "Rodalies" no le afecte mientras Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, aprovecha la crisis para responsabilizar a los republicanos del desastre acumulado. El mensaje de Junts es que hay que echar a Renfe de Cataluña. El encargado de defender la posición posconvergente en el parlamento regional ha sido Salvador Vergés, del ala más dura del separatismo. La voz de Puigdemont en la cámara catalana ha calificado el traspaso de "falso traspaso", sin concreción en plazos y dinero y "con una empresa que será una filial del grupo Renfe, con derecho de veto del Estado español en las decisiones estratégicas", ha señalado Vergés.
Renfe no les interesa, pero...
"A nosotros todo lo que sea Renfe no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es echar a Renfe de Cataluña", ha rematado el portavoz para la ocasión de Junts. Su partido ha colocado a un afín, Eduard Gràcia, en el consejo de administración de Renfe, pero no les interesa. En ERC se mordían los nudillos.
Illa y Paneque han capeado el temporal con la promesa de resolver la crisis del transporte ferroviario en Cataluña, pero advirtiendo de que el caos va para largo. Mientras tanto, Junts y ERC tratan de recuperar el contexto álgido del proceso con protestas en la calle contra el maltrato de Renfe.