El CGPJ responde a María Jesús Montero: "El apoyo a las víctimas no implica renunciar a la presunción de inocencia"
El órgano de gobierno de los jueces sale en defensa de los magistrados tras las polémicas palabras de la ministra de Hacienda.
A la crítica unánime de las asociaciones judiciales a María Jesús Montero, que en unas aberrantes declaraciones lamentó que se pusiera "por delante" la presunción de inocencia en el caso Dani Alves, se ha sumado este martes el Consejo General del Poder Judicial. El organismo ha aprobado en pleno, por unanimidad, una declaración sobre la absolución del futbolista y la polémica asociada en la que sale en defensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hace un recordatorio a la ministra de Hacienda.
En el comunicado, el CGPJ recuerda que "la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho". "El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales", señala en medio del cuestionamiento que se está haciendo de ella.
A continuación, y en clara respuesta a las proclamas que lanzó la ministra en un acto de partido, el CGPJ recuerda que "la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental".
Por último, el pleno del CGPJ señala que "confía en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y quiere trasladarles todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones".
La nota concluye con un nuevo toque de atención al Gobierno por sus ataques a los jueces: "Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones".
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