A pesar de la desconvocatoria de las huelgas programadas por los sindicatos de los comités de empresa de Renfe y Adif contra el traspaso del servicio de cercanías ("Rodalies") de Cataluña a la Generalidad, la red se ha visto sumida en el caos durante las jornadas en las que estaban previstos los paros. Y es que tres sindicatos minoritarios, CGT, SF-Intersindical y Alferro, decidieron mantener la huelga, lo que según la operadora habría tenido las mismas consecuencias que si todos los sindicatos secundaran los paros.
Miles de usuarios se vieron afectados este martes por las protestas sindicales. Durante buena parte de la mañana no circularon trenes en la línea que conecta Barcelona con la Universidad Autónoma. Además de los retrasos generalizados, también se suprimieron trenes en otras líneas por la tarde. Y hubo que desalojar convoyes y estaciones ante el colapso de los servicios, que afectaron a varias líneas.
En medio de ese caos, Renfe, urgida por la Generalidad y por el ministerio de Movilidad Sostenible, cuyo titular es Óscar Puente, ha señalado a dos trabajadores como presuntos culpables de las jornadas de colapso. Se trata de dos operadores de circulación señalados por haber dado supuestamente instrucciones contradictorias adrede y por haber cancelado trenes de forma injustificada, según las hipótesis que barajan los servicios jurídicos de Renfe.
Apartados, pero no sancionados
Los trabajadores han sido apartados de sus funciones, pero no suspendidos de empleo y sueldo. Los abogados de Renfe sospechan que esas dos personas habrían actuado de manera negligente (aunque sin poner en riesgo la seguridad de las personas) para agudizar los efectos de la huelga. Uno de los empleados acusados por Renfe habría decidido por su cuenta cancelar la mitad de los trenes de cercanías de la zona sur de Cataluña el pasado miércoles 26 de marzo. El otro señalado habría dado indicaciones erróneas ayer que provocaron la cancelación de cuarenta trenes con origen o destino en la estación de Hospitalet de Llobregat.
A primeros de marzo, todos los sindicatos representados en los comités de empresa de Renfe y Adif convocaron huelgas para la segunda quincena del mes y los días 1 y 3 de abril. Las organizaciones laborales denuncian que Gobierno y Generalidad les han mantenido al margen de las reuniones para acometer el traspaso del servicio de cercanías en Cataluña y se oponen a la creación de una nueva empresa en la región que debería asumir al personal de Renfe y Adif afectado por el acuerdo político.
Las direcciones de Renfe y Adif y los sindicatos llegaron a un acuerdo en noviembre de 2023 mediante el que el Grupo Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas y se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas.
Sin embargo, las "soluciones" adoptadas por el Ministerio que dirige Óscar Puente en coordinación con la Generalidad de Salvador Illa fueron "diametralmente opuestas a lo pactado", señalaron los convocantes de los paros. La creación de una nueva empresa para gestionar el servicio en Cataluña fue el detonante de la discordia.
Tras unas negociaciones a contrarreloj, la Generalidad y el Gobierno lograron la desconvocatoria de las huelgas al aceptar que todos los trabajadores afectados por el traspaso se mantengan en Renfe y en Adif, lo que supone, aunque sólo en teoría, renunciar a la creación de una nueva empresa dependiente de la administración autonómica para gestionar el servicio. La CGT, SF-Intersindical y Alferro, se desmarcaron del acuerdo y mantuvieron el calendario de paros.
Uso político separatista
El resultado de esa negociación sublevó a los partidos independentistas, que pretende que el traspaso suponga la desaparición de Renfe en Cataluña. El mal funcionamiento de los trenes de cercanías en Cataluña es una de las banderas de los separatistas para recuperar el "Procés". La Assemblea Nacional Catalana (ANC) tiene previsto realizar protestas este fin de semana con la intención de colapsar el servicio de reclamaciones en la estación de Sants.
Además, los problemas de Rodalies fueron objeto de un pleno monográfico en la cámara catalana de la que salió reprobada la consejera de Territorio y portavoz del 'Govern', Sílvia Paneque, quien trató de abordar la crisis prometiendo a los usuarios de Renfe una atención "exquisita" así como doblando la vigilancia de la infraestructuras. Según la Generalidad y el ministerio de Puente, el problema es compaginar las obras de mejora en curso con el servicio y que muchas de las afectaciones tienen su origen en robos de cobre o en actos vandálicos.