La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, también conocida como ‘ley Bolaños’ ha supuesto un cambio significativo en la celebración de matrimonios civiles en España, eliminando la gratuidad que ofrecían los Juzgados de Paz y trasladando la responsabilidad a notarios y ayuntamientos con las correspondientes tasas. Mientras el Gobierno trabaja en una posible rectificación, las parejas que planean casarse deberán adaptarse a esta nueva realidad y considerar los costos adicionales en su planificación matrimonial.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de enero de 2025 recoge la reforma que afecta a la Ley 20/2011, del Registro Civil, y establece que los matrimonios civiles deben celebrarse preferentemente en las sedes del Registro Civil, por parte del Encargado del Registro. No obstante, se contempla que también puedan ser oficiados por el alcalde, un concejal delegado o un funcionario habilitado del ayuntamiento, siempre que así lo soliciten los contrayentes.
Este cambio desplaza en muchos casos las ceremonias desde los Juzgados de Paz —donde no solía cobrarse por celebrar bodas— hacia ayuntamientos u otros entes locales que, al ser responsables de proporcionar el servicio, pueden establecer un precio.
¿Significa esto que casarse siempre costará dinero?
Dependerá del municipio. La ley no fija tarifas ni establece un coste obligatorio. Sin embargo, al dejar en manos de los ayuntamientos la posibilidad de oficiar bodas civiles, son ellos quienes ahora pueden aplicar tasas por el uso de instalaciones, personal, o servicios adicionales como música o decoración.
En el caso de Madrid, el Ayuntamiento ha fijado que la tasa por la celebración en sábado de matrimonios civiles es de 120 euros; en Barcelona, el trámite es gratuito en los distritos y en el Saló de Cent pero los servicios audiovisuales ascienden a 74,62 euros y dos azafatos/as para la atención a los novios e invitados cuesta 125 euros; en Sevilla el Ayuntamiento ha establecido una tasa de 116,63 euros por la celebración de matrimonios civiles en la Casa Consistorial, aunque existen exenciones para mayores de 65 años y desempleados. Las tasas municipales pueden variar y es recomendable consultar directamente con los respectivos ayuntamientos para obtener información actualizada y precisa.
¿Qué pasa con los jueces de paz?
Con la entrada en vigor de la ley, los jueces de paz dejan de figurar como autoridades competentes para celebrar matrimonios civiles. Esta figura era muy común en municipios pequeños y ofrecía bodas sin coste o con un precio simbólico. Al quedar fuera de la nueva regulación, los ciudadanos deberán acudir al Registro Civil o al ayuntamiento, donde es más probable que se aplique una tarifa. En definitiva, la gratuidad ya no está garantizada. Las tasas pueden variar, llegando hasta los 120 euros en algunos casos.
Bolaños asegura una solución
Ante las críticas, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó su intención de revertir esta parte de la ley. Según declaraciones recogidas por El Confidencial, Bolaños reconoció que la intención del Gobierno era mantener la competencia matrimonial en los Juzgados de Paz. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia indican que una enmienda destinada a solucionar este problema fue vetada en el Senado, lo que ha retrasado su corrección. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la modificación de la normativa.