Este miércoles, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar la protección del interés superior de menores en contextos de contingencias migratorias excepcionales.
El recurso fue formalmente registrado el pasado 30 de abril, una vez resueltos los problemas técnicos derivados del apagón que afectó a toda la Península ese mismo día.
Según explicó en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, la impugnación se ha planteado en dos niveles: por un lado, cuestionando el conjunto del decreto ley al considerar que el texto presenta una inconstitucionalidad de fondo, y por otro, de manera subsidiaria, señalando preceptos concretos como el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda, que en opinión del Ejecutivo aragonés vulneran la Carta Magna por diferentes motivos jurídicos.
El acuerdo para recurrir esta normativa fue aprobado el pasado 21 de marzo en Consejo de Gobierno y se suma a otras acciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como los recursos contencioso-administrativos contra el requerimiento de datos por parte del Gobierno central y contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.