La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que apoya que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2, Ismael Moreno, investigue a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el caso Koldo. Todo ello, en relación con la contratación en dos empresas públicas de la prostituta de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "Anticorrupción dio su visto bueno al juez Moreno para imputar a Pardo de Vera la semana pasada". El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos, Leopoldo Puente, consideró en un escrito recientemente que podría haber "indicios bastantes" de delito en la actuación de la también exsecretaria de Estado de Transportes y decidió enviar la documentación correspondiente a la Audiencia Nacional, al ser el órgano competente para investigarla, en su caso.
Antes de decidir al respecto, el juez Ismael Moreno solicitó entonces el criterio de la Fiscalía, que ya ha enviado un informe en el que apoya la imputación. Anticorrupción considera que Pardo de Vera pudo haber incurrido en presuntos delitos de malversación o tráfico de influencias.
Ahora, el juez Moreno, que fue el primero que comenzó a investigar el caso Koldo, en torno a una presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas, debe decidir si cita finalmente a Pardo de Vera como investigada.
El magistrado Puente remitió también a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las empresas Ineco y Tragsatec en relación con dos contratos, así como parte del informe de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jéssica Rodríguez.
Según el magistrado, existían "indicios bastantes" para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos", quien habría contado "con la relevante participación" del exasesor ministerial Koldo García.
Y, añadía, "sin que aquélla durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna", pese a que sendas empresas remitieron dos informes en los que certificaban que Jéssica Rodríguez sí trabajó. Para el juez, en cambio, resultan "particularmente reveladoras" las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo García en este sentido que obtuvo la UCO
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