El PSOE, con apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, ha acordado tomar en consideración la reforma del Reglamento del Congreso que busca sancionar e incluso expulsar a quien ellos consideren "pseudoperiodistas". El objetivo, según el texto, es "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo".
El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha sido el primero en subir a la tribuna para defender esta iniciativa. Lo ha hecho después de un nuevo enfrentamiento contra tres de estos informadores que trataban de preguntar sobre Santos Cerdán. López, visiblemente nervioso, dio por zanjada la rueda de prensa y el resto de prensa también lo hizo. En el pleno, López ha alegado que quieren poner coto a los "apóstoles del odio" que van "ganando impunidad" y que, según ha dicho, no hacen "periodismo, sino basura" porque "sólo responden al interés de sus amos, que son los que odian a la izquierda porque recortan sus privilegios y tampoco les gusta la democracia porque limita su poder".
En su discurso, López ha aprovechado para vincular al PP a estos "agitadores ultras aprendices de fascistas", acusando a los populares de financiarlos allá donde gobiernan. "La inmensa mayoría existen y hacen negocio gracias a ustedes", les ha espetado, instándoles a darse cuenta de la gravedad de esta situación antes de que también vayan a por ellos. "Cuando vayan a por ustedes ya estarán solos y no quedará nadie para defenderles", ha dicho afirmando que tendrían que haber impulsado antes esta reforma.
El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha mostrado su apoyo a esta reforma contra lo que ha denominado "matones y acosadores fascistas", aunque se ha quejado de que llega tarde y de que sólo "roza el problema de fondo" que es, a su juicio, "la desinformación y la concentración oligopólica de los medios de comunicación". Por eso ha pedido "valentía" al PSOE para prohibir, además, la financiación pública a los medios condenados por difundir mentiras y a los que "riegan de dinero" los gobiernos 'populares' de Madrid y Murcia.
En el debate ha hablado en nombre de EH Bildu Mertxe Aizpurua. La perpetradora de infames portadas en Egin y Gara, desde donde se ponía en la diana a posibles objetivos, ha definido a estos periodistas como "agitadores ultraderechistas" que "acosan, atacan y señalan a diputados, periodistas y responsables de comunicación de los grupos parlamentarios". "Ustedes tienen responsabilidad porque ya nadie duda de que siguen sus directrices", ha remachado dirigiéndose a los populares, antes de pedir que se deje de "regalar espacios a los que solos los usan para generar odio".
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, los ha calificado de "sicarios" y Josep María Cervera, de Junts, ha dicho que apoyaría el texto aunque ha pedido "cirugía fina" para excluir las "malas prácticas" sin que ello afecte a la libertad de prensa. Por parte de Sumar, Francisco Sierra ha dicho que "democracia casa muy mal con escuadrismo" y ha advertido que todo torcimiento del derecho a la información, se traduce antes o después en agresiones, violencia física y violencia política". En cuanto al PNV, su portavoz, Mar Vaquero, ha señalado que no apoyan sancionar a nadie "por su ideología", sino por "reventar las reglas del juego".
PP, Vox y UPN han votado en contra. Por parte de los populares, Macarena Montesinos ha señalado que su grupo "no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado en el Congreso", pero considera que no hay que cambiar el Reglamento para atajarlos, sino que basta con que la Presidencia de la Cámara haga uso de su responsabilidad para actuar en cada caso concreto o dictar las resoluciones que crea oportunas.
Señalamientos "terroríficos" de Aizpurua
Así, ha rechazado que la Mesa del Congreso "se convierta en un tribunal inquisidor que expida carnés de buenos y de malos periodistas" lo que sentaría un precedente "muy peligroso". "¿Desde cuándo la libertad de prensa necesita una credencial moral expedida por los políticos? ¿Quién va a decidir quién es un buen periodista y quién es un activista?", ha preguntado antes de señalar a Aizpurua, "condenada por enaltecimiento del terrorismo", acusándola de haber "señalado de forma terrorífica a periodistas a los que ponía en la diana" desde el diario Egin.
Por su parte, Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, ha hablado de "censura previa" y ha acusado al PSOE y sus socios de "pretender restringir el derecho fundamental a la información" por buscar que el Congreso se "extralimite" y pretenda "dar y quitar carnés de periodistas".
La reforma
La reforma establecerá que la Mesa de la Cámara regule el procedimiento para renovar las acreditaciones y fijará "los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara". También prevé la creación de Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del que formarán parte un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. Su misión será proponer la adopción de sanciones cuando se inicie un procedimiento contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa de la Cámara.
Se obligará a los informadores acreditados a respetar "las reglas de cortesía parlamentaria" y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos, que será la encargada de dar instrucciones "al efecto de garantizar el orden en estos encuentros". Habrá sanciones para quienes incumplan esta normativa y se mencionan infracciones leves, graves o muy graves, con sus correspondientes castigos, incluida la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.