La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha procesado en la causa en la que le investiga por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el marco de la pieza principal en la que investiga a González Amador y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
El pasado 24 de febrero, González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.
Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal.
En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.
"Gastos ficticios"
La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".