La acusación Gobierna-te pide 6 años de prisión para la exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad Valenciana, Mónica Oltra, por encubrir el abuso sexual de su entonces marido a una menor.
La Audiencia Provincial de Valencia confirmaba el pasado mes el procesamiento de Oltra y de otras 10 personas acordado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia.
En un escrito de 16 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación Gobierna-te que preside Cristina Seguí, cuya querella originó la causa, pide sentar en el banquillo de los acusados a Oltra por delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento. Dichos delitos suman 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación para cargo público.
Según el escrito, "el 4 de agosto de 2017 se comunicó la incoación de la causa a Luis Ramírez (entonces marido), siendo ese mismo día conocedora de la judicialización de los hechos su mujer Mónica Oltra, tal y como declaró ella misma en sede parlamentaria, y comenzó, en sus propias palabras "a dar instrucciones en el sentido de recabar información", como se recoge en la página 22 y siguientes de nuestra querella".
"Entre el 4 y el 8 de agosto de 2017 Mónica Oltra, a través de Miquel Real Antequera (Jefe de gabinete de Mónica Oltra y exmarido de la misma) da orden de incoar un expediente informativo extraordinario por haber tenido conocimiento de los posibles abusos sexuales. Dicha instrucción el Sr. Real, de forma directa o a través de los oportunos servicios de la Conselleria, se la traslada a Rosa Josefa Molero Mañes (Directora General de la infancia y la adolescencia de la Consellería), quien se encuentra de vacaciones. Recayendo dicha orden de la señora Oltra, por sustitución, en la persona de Gemma Plaza Penadés (subdirectora general de la infancia y la adolescencia de la Consellería), quien resultaba competente en orden a lo dispuesto en las propias normas orgánicas de la Conselleria", añade.
"Resulta llamativo que la finalidad del expediente fuese únicamente comprobar la veracidad del testimonio de una menor de 14 años por parte del marido de la Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, y no la tutela de una presunta víctima de abusos sexuales por su educador social", destaca.
"La actuación administrativa perseguía tres fines espurios: obstruir el proceso penal en marcha, obtener un dictamen emitido desde una apariencia de legalidad institucional que sirviera para eximir de toda responsabilidad al marido de Mónica Oltra, y desacreditar la credibilidad de la menor denunciante, presentándola como una fuente no fiable. Todo ello mediante el uso de recursos humanos, técnicos y económicos de la Administración pública valenciana, en una clara desviación de poder que instrumentalizó el aparato institucional para fines personales y políticos. Este comportamiento no solo compromete gravemente la integridad del procedimiento penal, sino que constituye un atentado directo contra los derechos fundamentales de una menor presuntamente víctima de abusos, revictimizándola desde el propio poder público que tenía el deber de protegerla", subraya.
"Asimismo, esta actuación administrativa derivó en una desviación de fondos públicos hacia finalidades privadas, toda vez que, por cada uno de los informes psicológicos emitidos, la Consellería abonó al Instituto Espill la cantidad de 405 euros más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido", apunta la acusación.
La víctima, en grilletes
La asociación Gobierna-te recuerda que "el 7 de noviembre de 2019 tuvo lugar la vista oral en el procedimiento penal seguido contra Luis Ramírez. Maite, citada en calidad de víctima, se encontraba por entonces bajo internamiento en régimen semiabierto en el Centro Reeducativo de Menores Colonia de San Vicente Ferrer, en Burjassot. Desde dicho centro fue trasladada hasta la sede judicial con grilletes en las muñecas, a pesar de que comparecía únicamente como testigo".
"La situación fue de tal crudeza emocional para Maite que, tras finalizar su declaración, visiblemente alterada, se dirigió a la magistrada preguntándole con temor si "le iba a pasar algo malo", expresión que evidencia el profundo estado de ansiedad, inseguridad y sufrimiento que le generó una comparecencia que, lejos de brindarle amparo, le provocó una nueva revictimización", concluye.
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