Los audios de la cloaca del PSOE incluyen un pasaje que encuentra, casualmente, un claro encaje con los deseos de Cándido Conde Pumpido: los de anular sentencias en base a una supuesta indefensión generada en los procesos que afectan al PSOE o el Gobierno. Es decir, justo lo que ha pasado ya con las sentencias de los ERE, que han sido tumbadas argumentando fallos en los procesos que habrían afectado al derecho a la defensa. Pues bien, en la charla mantenida con el empresario Hamlyn, la cloaca del PSOE comandada por la socialista Leire Díez expuso esta vía, basada en la falta de neutralidad de la Guardia Civil por los pretendidos oscuros deseos del Teniente Coronel Balas.
El plan expuso de forma jurídica, aludiendo a los artículos del Código Penal que se podrían invocar y a los derechos a la neutralidad de trato en los procesos judiciales.
Todo pendiente de una sola cosa: la prueba que tenía que aportar Hamlyn para tumbar al teniente coronel Balas. ¿Por qué? Pues porque Balas estaba vinculado a la investigación de Hamlyn. Y, como dijo Leire Díez, "caída una pieza del dominó, caen todas". Una frase que se refería al hecho de que, tumbado el caso de Hamlyn, caerían todos los demás con participación final del teniente coronel Balas de la UCO, justo el que ha comandado las investigaciones por corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.
La pieza final del plan
Eso sí, el plan no explicó la pieza final. Porque que caiga un caso no contagia al resto, a menos que alguien con poder y competencia para ello se encargue de usarlo como argumento de violación del derecho a la defensa en una reclamación ante el Tribunal Constitucional. Y da la casualidad de que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ya ha usado la violación del derecho a la defensa para librar a los condenados por el caso ERE de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo por corrupción.
Traducido, que lo único no explicado en la charla de la cloaca fue la pieza final: una que se puede activar ante el Tribunal Constitucional, como infinidad de voces han advertido de que puede ser el plan final del Gobierno de Pedro Sánchez en los casos de su hermano, mujer o cargos imputados en el caso Koldo-PSOE.
Lo cierto es que recientemente, de hecho, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya ha dado muestras hasta de estar dispuesto a intentar bloquear los recursos ante el TJUE de la Audiencia Provincial de Sevilla por el pisoteo de las sentencias de los ERE o la renovación de la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
El magistrado izquierdista Andrés Martínez Arrieta preside en funciones la Sala Segunda del Alto Tribunal desde que finalizara el mandato del magistrado Manuel Marchena hace meses. Martínez Arrieta es el candidato favorito para presidir la Sala Penal para los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber demostrado su independencia del poder político. Sin embargo, los vocales izquierdistas del CGPJ y Conde-Pumpido apuestan por la magistrada izquierdista Ana Ferrer, que también es la candidata favorita del Gobierno de Pedro Sánchez.
El control político sobre la Justicia
Conde-Pumpido quiere controlar la Sala Segunda del Supremo imponiendo como presidenta a su amiga Ana Ferrer, frente a Martínez Arrieta que se negó a amnistiar la malversación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el 1-O.
Y ese mismo Cándido Conde Pumpido es el que podría decidir sobre una supuesta causa de indefensión si la cloaca logra sus objetivos.