Marlaska pone escolta a la fontanera del PSOE Leire Díez y provoca la ira de los sindicatos policiales

El Ministerio del Interior va a poner una escolta policial a Leire Díez, la exmilitante del PSOE que actuaba como fontanera para el partido y que participó en una supuesta trama organizada para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las pesquisas que ha venido realizado en los últimos años, por mandato judicial, sobre altos dirigentes del partido y algunos familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta protección policial fue solicitada por la propia interesada después del encontronazo que tuvo hace unas semanas con el empresario Víctor de Aldama, asociado a la trama de corrupción del caso Koldo o caso Ábalos, en el transcurso de una rueda de prensa organizada por la propia Díez para desmentir que fuese una fontanera del PSOE y que sólo investigaba para un libro, una excusa desacreditada por los audios desvelados por Libertad Digital.

Fuentes policiales han explicado que la concesión de esta escolta se ha producido después de una valoración de riesgos en la Secretaría de Estado de Seguridad y que la misma no va a ser permanente, sino únicamente asociada a su presencia en determinados actos públicos. Este servicio de escolta va a recaer sobre funcionarios de la Policía Nacional, un hecho que no ha sentado bien en el seno de la institución.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía, se ha mostrado "profundamente preocupado por el uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales en España" como, a su juicio, demuestra este caso, ya que la fontanera del PSOE no tiene en estos momentos ninguna orden de alejamiento vigente, es decir, la justicia no prohíbe a nadie acercarse a ella, pese a que lo haya solicitado para Víctor de Aldama.

"España mantiene un modelo de protección institucional sobredimensionado, completamente alejado de los estándares europeos. Mientras en otros países las escoltas personales están reservadas exclusivamente para cargos de alta responsabilidad en situaciones de riesgo real, en España se ha convertido en una prerrogativa habitual para políticos, cargos menores e incluso para aquellos con simples vínculos administrativos o de asesoría", han denunciado.

"En un contexto donde la criminalidad crece cada día más, los delitos violentos aumentan y la inseguridad en barrios y ciudades se convierte en una preocupación real para los ciudadanos, los recursos policiales no pueden seguir desviándose. Los policías deben estar donde realmente se les necesita: en la calle, protegiendo a los ciudadanos, no prestando servicio de escolta a políticos, asesores o a quienes, por su cercanía al poder, acceden a privilegios que no les corresponden", han añadido desde JUPOL.