La Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, al respaldar que se investigue si "se sobrepasó" en el desempeño de sus "funciones públicas" "para favorecer el plan delictivo" de la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un supuesto tráfico de influencias.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma así la condición de investigada de Álvarez, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, y que acabó desembocando un mes después en su imputación.
En el auto de 14 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados afirman que "respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?, la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
"Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplos la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, añadiendo que esta última, era la persona de confianza ya que siempre le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos", añade.
"O la constatación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del master, lo que parece excede claramente sus funciones. Datos indiciarios suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración", subraya.
"Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno. Y todo ello sin perder de vista el concepto de funcionario público a efectos penales, a tenor del artículo 24-2 del Código Penal, concepto que incluye a la citada Cristina Álvarez, como a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de
Transformación Social Competitiva", concluye.
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