
Este sábado 28 de junio se ha organizado una concentración a las 12:30 en el Tribunal Supremo por parte de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. Además, se han convocado tres días de huelga los próximos 1, 2 y 3 de julio en respuesta a la reforma del ministro Bolaños. Las razones que han llevado a esta convocatoria, "obedecen a contestar a un plan de Gobierno del desmantelamiento del Poder Judicial", ha afirmado Luis Sanz en La Trinchera de Llamas.
El vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha explicado en qué consiste ese plan: "Una modificación del sistema que es la carrera judicial con una rebaja en la calidad de los exámenes con detrimento del resultado. Pero más importante me parece la articulación de dos vías de acceso a la carrera judicial, como son la incorporación de 1.004 jueces sustitutos con una prueba muy poco exigente respecto del medio de capacidad".
Control sobre jueces
Hasta el momento, los jueces sustitutos han estado entrando por la vía cuarto turno, una vía exigente de concurso-oposición, pero "esto es un coladero". La segunda cuestión a la que se ha referido Sanz es a esa rebaja del cuarto turno "y que va a permitir introducir a muchas personas en la carrera judicial" con la que se pretende el "control ideológico de la base de la judicatura" para introducir gente afín.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado, existen países europeos en lo que el modelo de instrucción está asignado a los fiscales, pero "la estructura y los caracteres de la fiscalía de esos países no tienen nada que ver con el español". El vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha resaltado que en España "hay una dependencia feroz de la Fiscalía General del Estado respecto al Gobierno".
Peligro institucional grave
Luis Sanz está a favor de la modificación del Estatuto de Manifestación Fiscal, pero ese cambio debería estar orientado a "otorgar más autonomía funcional a los fiscales, pero las modificaciones van en sentido opuesto".
Además, con esta reforma que hay puesto encima de la mesa la policía judicial —incluida la UCO— pasaría a manos de los fiscales e incluso se limitarían las acusaciones populares, lo que impediría una democracia plena: "Sin justicia independiente y sin derecho no hay nada. Hay arbitrariedad, hay otro tipo de régimen político, pero no esto".
En lo que se refiere a la UCO, "hay una clara voluntad de dejarla de facto desarticulada" porque no pueden desmantelarla.
Sanz ha animado a la ciudadanía a acudir a la concentración porque "la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que es la garantía que tienen los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Sin independencia judicial no se da esa garantía". Por último ha lanzado un aviso de lo que sucederá cuando esa independencia esté debilitada o no exista: "Es un camino que conduce a que en un determinado momento ese ciudadano ya no puede ni mirar para atrás, ya no hay solución".

