Si el problema de la Justicia fuese que los malos quieren hacer una ley mala para acceder a la profesión, el asunto tendría remedio. Al cabo, bastaría simplemente con esperar algún tiempo, el preciso hasta que los buenos llegaran al poder y redactasen la ley buena que diera al traste con la mala heredada de los otros. Pero si no tiene remedio, y no lo tiene, es debido a que el asunto no va de buenos y malos, sino de la imposibilidad fáctica de intentar democratizar algo, el acceso a la judicatura, que por su propia naturaleza no se puede democratizar. Lo hemos visto ya con la Universidad, otra institución tampoco susceptible de democratización.
Y cuando se intenta hacerlo, fundando una en cada capital de comarca de cada término provincial, como ha ocurrido en España, se convierten en simples colegios, en guarderías de pago para jóvenes donde nada serio se aprende. La Universidad es elitista por definición; y no puede dejar de serlo sin renunciar al tiempo a su propia esencia. Y no debería tener que explicar que estoy hablando de una élite de la inteligencia, no del dinero o de las influencias y las relaciones sociales. Hoy, para poseer la condición profesional de juez sustituto, se exige ser español, encontrarse en edad laboral, disponer de una licenciatura en Derecho y acreditar disponibilidad para desplazarse físicamente al municipio donde tenga su sede el órgano judicial correspondiente a la plaza vacante. Luego, entre los candidatos que cumplan esos requisitos, se realiza un concurso de méritos. Y para dentro.
Si esa ley, la que ahora discuten, se aprueba, mil de esos jueces sustitutos van a acceder directamente a mil plazas vitalicias de jueces de verdad, jueces como los que en su día aprobaron una de las oposiciones más duras que existen tras haberlas preparado durante años. Y sí, serán lo mismo, pero solo en teoría. Porque no es lo mismo saber que no saber, estudiar que no estudiar o estar capacitado que no estar capacitado. El siguiente paso, jueces y fiscales seleccionados en un concurso de televisión