Si yo fuese de Podemos o de Sumar, que no resulta ser el caso, estaría en contra del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el que acaba de poner en marcha el mismo Ejecutivo que Podemos sostiene desde el hemiciclo de las Cortes, y Sumar en la mesa del Consejo de Ministros. Pero si fuera liberal, algo del todo improbable en mi caso, también me opondría de plano a la idea. Y es que a los viejos izquierdistas descatalogados y en proceso de extinción, los últimos de Filipinas que todavía estudiamos por el plan antiguo, la nueva doctrina sanchista, esa de que donde mejor está el dinero de los contribuyentes es en el bolsillo de los empresarios privados de la construcción, como que no nos termina de hacer el peso, que dicen los catalanes.
Y es que lo del tan cacareado Plan Estatal, que no nacional, va justo de eso, de regalarles a los promotores inmobiliarios, gratis et amore, el dinero equivalente al coste íntegro de construir una vivienda. No, no exagero. Es literal. A los constructores particulares de los inmuebles acogidos al Plan, el Estado los va a premiar con una subvención del 100 % del coste de la edificación. Quien me conozca sabrá que no simpatizo precisamente con Javier Milei, pero cuando el presidente de Argentina habla de "empresaurios" para referirse a la casta empresarial improductiva que creó y cebó el peronismo, la que parasita los fondos del Estado desde pronto se cumplirá ya un siglo, me vienen a la mente cosas como esta.
En fin, peronista o no peronista, ¿esa nueva política solucionará el problema? Yo creo que sí. De hecho, teniendo en cuenta que España acoge cada doce meses a un millón de nuevos habitantes procedentes del resto del planeta, lo único que tiene que hacer el Gobierno es dar a los promotores, y también cada doce meses, el dinero necesario para instalar a un millón de personas en viviendas nuevas. Después, con lo que sobre, que les done otro cheque para construir las casas destinadas a los españoles que las necesitan. Sólo eso.