El empresario Antxon Alonso ha asegurado que el contrato privado de compraventa que suscribió con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que el entonces dirigente socialista adquiriese el 45% de la empresa Servinabar era un "proyecto de escritura".
Alonso ha declarado este lunes como imputado ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, durante algo más de media hora. Alonso es el propietario de la empresa Servinabar, que consiguió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública. Durante el registro de su domicilio, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hallaron un contrato privado de compraventa con Santos Cerdán.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman "Antxon Alonso sólo ha respondido las preguntas de su abogada y se ha negado a contestar al juez y al fiscal. Ha asegurado que el contrato con Santos Cerdán era un "proyecto de escritura" y ha negado el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. No obstante, ha reconocido el pago de comisiones a Koldo García por conseguir adjudicaciones de obras privadas".
"Alonso ha negado ser ‘el guipuchi’ que mencionan el resto de imputados en las grabaciones y mensajes interceptados por la UCO afirmando que es de Vizcaya. Su actitud en sede judicial ha sido muy altiva y el magistrado Leopoldo Puente le ha tenido que llamar la atención para que dejara de interrumpir a su abogada cuando no había terminado de formularle la pregunta", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "previamente, ha comparecido también como investigado Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra, durante algo menos de hora y media. Merino ha afirmado que efectuaron una UTE con Servinabar porque era necesaria una empresa local para conseguir las adjudicaciones. Además, ha negado ser ‘el cordobés’ que figura en el informe de la UCO".
"Tras la declaración de ambos, ha quedado de manifiesto que han mentido en sede judicial. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado en sus respectivas vistillas de medidas cautelares retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en el Juzgado", apuntan.
El magistrado Leopoldo Puente imputó a varios empresarios a la vez que a Santos Cerdán al considerar que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación" de obras públicas concretas a favor de sus respectivas empresas mediante "la realización de pagos" que, "en parte", habría podido recibir Ábalos.
Puente se dirigió entonces contra los citados Alonso, Merino, José Ruz de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez vinculados a la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR) tras recibir el informe de la UCO que destapó una presunta trama de corrupción basada en amaños de obras y que estaría integrada por Cerdán, como supuesto cabecilla, Ábalos y Koldo. Para acordar investigarlos se apoyó en buena medida en las conversaciones que el exasesor grabó entre 2019 y 2023 con los otros dos implicados.
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