
Como ocurriera con la cumbre de la OTAN y el incremento del gasto en Defensa al 5%, Pedro Sánchez ha vuelto a enredarse en sus intentos de dar respaldo internacional a sus medidas internas.
Así, ayer señaló en su comparecencia en el pleno monográfico del Congreso sobre corrupción que su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción lo había "diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de Anticorrupción e Integridad en el Gobierno". Y enfatizó, tratando de dar toda la credibilidad posible a un plan que tenía que vender a sus socios: "Un Plan Estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción, con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE".
Pues bien: ni 24 horas ha durado la coartada del diseño conjunto con la OCDE. Tal y como publica Carlos Segovia en el diario El Mundo, "Elsa Pilichowski, la directora del departamento de gobernanza, no asume haber elaborado con el Gobierno el plan presentado. Dice que es habitual que la OCDE ayude a los gobiernos ‘a definir y desarrollar sus estrategias anticorrupción’ y que la novedad con el Ejecutivo de Sánchez es que ‘ahora se ha solicitado a la OCDE que proporcione apoyo técnico para la implementación de medidas específicas del nuevo plan de acuerdo con las mejores prácticas internacionales’. Es decir, no hay coautoría, sino una consulta de Moncloa sobre cómo elaborar el plan —escogiendo las recetas que ha querido del amplio menú de la OCDE— y ponerse así, por cierto, al día. España es hasta ahora uno de los 13 estados que carece de estrategia anticorrupción, frente a 18 de la OCDE que sí la tienen". Y eso que el objetivo del plan, llegó a decir Sánchez campanudo, es situar a España "a la vanguardia del continente" en esta materia.
En definitiva, y a la luz de lo que publica Carlos Segovia, nada que ver con lo afirmado por el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso, y algo a lo que, por desgracia, ya nos tiene más que acostrumbrados: decir medias verdades o directamete mentiras.
Como señala además El Mundo, "fue difícil en el debate identificar la verdadera autoría del plan, porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se atribuyó ‘diez’ de las quince medidas del plan echando por tierra también la ‘elaboración conjunta’ con el organismo internacional".
