El PSOE y sus socios continúan adelante con la tramitación de una reforma del Reglamento del Congreso que permitirá, entre otras cosas, no renovar la acreditación a los medios que decida la cámara e incluso imponer sanciones a los periodistas que, según el criterio de la Mesa del Congreso, no respeten "la cortesía parlamentaria" y las directrices de la institución.
A la férrea oposición de PP, Vox y UPN -Cayetana Álvarez de Toledo avisó unos días de que la mesa presidida por Francina Armengol iba a terminar convertida en un "tribunal inquisidor"- se sumaron este lunes las dudas de los letrados del Congreso, que en una nota de informaciones técnicas sobre la reforma a la que tuvo acceso Europa Press, ponen en duda la "legitimidad" de sus señorías para poner coto a la prensa, algunos de cuyos miembros han sido tachados de "apóstoles del odio", "sicarios" o "aprendices de fascistas" en los últimos meses.
Los letrados recuerdan en su informe (que no es vinculante) que el derecho o a la libertad de información está recogido en el artículo 53 de la Constitución española y por tanto, "ninguna regulación" puede afectar a su contenido esencial ni tampoco suponer una limitación del mismo que vulnere los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad", señalan.
En la nota, destacan que la regulación del ejercicio de la actividad periodística en el Congreso, en "aras de un desarrollo ordenado", puede considerarse un fin constitucionalmente amparado por los artículos 20 y 23 de la Carta Magna, en los que se recogen los derechos a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" y a "participar en los asuntos públicos", respectivamente.
Sobre las sanciones, critican que la propuesta se caracteriza por una "redacción excesivamente abierta" que podría llegar a generar cierta "inseguridad jurídica" en los destinatarios de la norma. En opinión de los letrados, sería "positivo" que la Mesa de la Cámara Baja, presidida por la socialista Francina Armengol, "precisara" en mayor medida los "posibles escenarios" que puedan generarse durante una rueda de prensa o una atención a medios y que puedan requerir una sanción. "Siendo evidente que no puede anticipar todos y cada uno de los posibles escenarios que pueden generarse, resultaría oportuno que la Mesa, a la vista de la experiencia, pudiera colmar las posibles lagunas e ir actualizando la forma de aplicar este precepto", inciden.
Según los letrados, a la hora de aplicar las sanciones a los periodistas, habría que valorar de manera ponderada un conjunto de circunstancias como por ejemplo: la naturaleza de la infracción, los derechos y bienes que se pretenden proteger, la adecuación de las sanciones al fin que se persigue, así como la posible existencia de medidas menos graves.
Para ello, creen que sería aconsejable contrastar las sanciones propuestas con las que el Reglamento prevé en materia de disciplina parlamentaria para los diputados y oradores que profirieren palabras o conceptos ofensivos hacia la Cámara, sus miembros o las Instituciones del Estado.
Consideran, además, que hay dos límites que "no se pueden franquear" con esta reforma. El primero de ellos, que las instrucciones dadas por el personal de los grupos parlamentarios tiene que limitarse a ordenar el funcionamiento de las ruedas de prensa, es decir, no puede tratar de condicionar de "ninguna manera" la conducta de los medios de comunicación pues esto podría afectar "negativamente" a la libertad de prensa. "Las instrucciones deben limitarse a determinar qué periodista puede hacer uso de la palabra y por qué orden", según precisan en el texto.
Por otro lado, avisan de que las pruebas para iniciar un procedimiento sancionador no pueden venir determinadas "únicamente" por la denuncia de un grupo parlamentario o los asistentes del mismo. "Será necesaria la concurrencia de otros medios probatorios (en particular, la existencia de grabaciones de vídeo) para poder imponer una sanción, en su caso", advierten.
Por último, en lo relativo a los medios de comunicación, las nota de los letrados concluye que sería apropiado añadir en la reforma impulsada por los socialistas y sus socios parlamentarios un "régimen de prescripción". Proponen para ello que las infracciones consideradas muy graves prescribirán a los seis meses; las graves, a los tres meses y las leves, al mes. Ese plazo de prescripción comenzaría a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido y en el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzaría a correr desde que finalizó la conducta infractora.