La reunión convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores inmigrantes no acompañados, se ha suspendido por falta de "quórum" tras el plantón de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta.
A falta de confirmar el número total de consejeros presentes en la reunión, entre otras comunidades, han asistido Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta, siendo esta última ciudad autónoma la única gobernada por el PP que ha acudido. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han precisado que es un "gesto performático" por parte de las autonomías del PP porque "el Real decreto sigue adelante" y las acusan de "falta de cooperación" y "dejación de funciones".
La ministra ha comparecido minutos después ante la prensa para tachar de "racista" al PP y para anunciar que el 28 de agosto empezarán los traslados a las CCAA.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha explicado los motivos que han llevado a este plante. "Nos negamos a ser cómplices de un reparto de menores no acompañados, inconstitucional e inhumano", ha señalado Ana Dávila en un vídeo distribuido a los medios.
Para la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso este nuevo diseño de reparto de los menores inmigrantes no acompañados "se trata de más corrupción, esta vez disfrazada de falsa solidaridad". Y es que, según apunta, el Ejecutivo central "negocia con la vida de menores a cambio de votos, excluyendo de forma arbitraria e injusta del reparto a Cataluña y al País Vasco". Es por eso que las comunidades autónomas han dicho "basta". "Basta de atropellos y de abusos de poder".
"No hemos acudido a la conferencia sectorial de infancia porque nos negamos a participar en una reunión convocada de manera ilegal", añadió Dávila. Así las cosas, ha dicho, "el Gobierno no solo ha perdido hoy el quórum institucional, ha perdido de nuevo la razón y la decencia" porque "no se puede gobernar a golpe de decreto ni repartir menores como si fueran mercancía" únicamente "para que Pedro Sánchez aguante un día más en el poder cediendo al enésimo peaje independentista. La ley, la igualdad entre españoles y el interés de los menores están muy por encima del interés de Pedro Sánchez". Y ha advertido: "No nos vamos a callar ni a ceder ante este chantaje político".
El ministro de Política Territorial ha expresado su indignación en redes sociales por este plante. "Creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas que deben ser acogidos por ley en el resto de comunidades autónomas", acusa Ángel Víctor Torres, que denuncia asimismo la decisión de la Comunidad de Madrid de poner "trabas al traslado de niños solicitantes de asilo".
Esta postura, señala Torres, "obliga al Gobierno a solicitar aval al Supremo, para hacerlo con garantías". Y concluye su mensaje: "Esa es la diferencia. El Gobierno de España quiere acogerlos en otros territorios. El PP lo impide".
Las comunidades gobernadas por el PP no asisten a la Conferencia Sectorial de Infancia.
Al no haber quorum, impiden su celebración.
Creen que dan plantón al Gobierno, pero en realidad dan plantón a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas, que deben ser acogidos por…
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) July 17, 2025
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes tenía previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas. De este reparto, curiosamente, quedaban excluidas País Vasco y Cataluña.
Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.