Alerta en el caso Montoro: la investigación puede ser anulada por mantenerse bajo secreto de forma irregular durante 7 años.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por aprovecharse presuntamente de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes del despacho de abogados, Equipo Económico (EE), que él mismo había fundado antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy. En la investigación de esta trama están involucradas 28 personas físicas y 6 personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "es inaudito que una investigación haya permanecido bajo secreto durante 7 años. A lo largo de este tiempo se ha vulnerado el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los investigados. Es una barbaridad mantener bajo secreto una instrucción durante tanto tiempo sin justificación y sin dejar a los imputados por tanto tener acceso a las actuaciones y poder ejercer su defensa con la petición de diligencias".
"Durante una instrucción se puede decretar el secreto de sumario por un periodo muy limitado de tiempo, un mes, que se debe prorrogar mensualmente y cuando esté justificado excepcionalmente en base a las diligencias que se tienen que practicar y que podrían malograrse en el caso de que se conocieran", añaden.
En este contexto, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para: a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "durante la instrucción del caso Montoro también se podría haber vulnerado el derecho al juez predeterminado por la Ley. Aunque el juez Rubén Rus hallase correos electrónicos de esta causa cuando investigaba un procedimiento previo en su Juzgado de Tarragona, tendría que haber trasladado el caso Montoro a los Juzgados de Instrucción de la ciudad en la que se habrían cometido los presuntos delitos. Podría haber derivado la causa incluso a la Audiencia Nacional".
"Con estos graves errores cometidos durante la instrucción, lo normal es que la causa no llegara ni a juicio. Las defensas de los investigados previsiblemente soliciten la nulidad de las actuaciones ante la Audiencia Provincial de Tarragona y el tribunal debería admitirlo. Lo más grave es que presuntos delincuentes vayan a librarse de este procedimiento penal por una mala actuación judicial", concluyen.
La fiscal del caso sancionada por desobediencia
El Tribunal Supremo confirmaba este mes la sanción de 1.000 euros impuesta a la fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, por desobedecer las órdenes del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según relata el Supremo, el asunto se remonta a enero de 2022, cuando Luzón indicó a la fiscal que, "a la vista del estado de tramitación y de las discrepancias ya surgidas" en relación a estas pesquisas, en lo sucesivo debía someter cualquier decisión al "previo visado" del 'número dos' de Anticorrupción, Antonio Romeral.
El choque se produjo a raíz de un escrito de abril de 2023 donde la fiscal García Cerdá pidió que le autorizaran una serie de diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona. En concreto, pedía que se identificara a los titulares de una serie de cuentas de correo electrónico y se copiara su contenido. Romeral denegó el permiso, pese a lo cual García Cerdá insistió varias veces, recibiendo la misma respuesta. En un momento dado, elevó el asunto a Luzón, que, "con extenso razonamiento" respaldó al teniente fiscal. Tras ello, García Cerdá avanzó que elevaría el asunto a la junta de fiscales de Anticorrupción, que se reunió el 26 de septiembre de ese año para avalar, por 18 votos contra 5, el criterio de Luzón y Romeral. Sin embargo, desde los Mossos d'Esquadra avisaron a Anticorrupción de que habían recibido una llamada telefónica de la fiscal en la que pedía interesar al juzgado "mediante escrito policial" esa misma diligencia respecto a los 'emails
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