El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha interpuesto una querella por falsedad documental y falso testimonio contra los responsables del actual Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente. El motivo central es la auditoría que se elaboró durante la actual legislatura y que, según sostiene Ábalos, fue clave en su imputación por supuestas irregularidades cometidas durante la compra de material sanitario en la pandemia.
La querella se dirige en particular contra Belén Villar, jefa de gabinete del subsecretario de Transportes, y Belén Roel, responsable directa del informe. Esta última confeccionó y firmó el documento que, a juicio de Ábalos, incurre en manipulaciones y omisiones deliberadas con el objetivo de incriminarle.
El documento en cuestión atribuye a la gestión del exministro una serie de irregularidades que, según el afectado, han tenido una "trascendencia efectiva" en su situación judicial actual. Ábalos afirma que el contenido del informe constituye una "investigación paralela" llevada a cabo "de forma ilegítima".
Oportunamente, he interpuesto una querella por "Falsedad Documental y Falso Testimonio de Perito" contra las autoras de la "auditoría" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y su informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de… pic.twitter.com/iIXBk26Ebm
— José Luis Ábalos (@abalosmeco) July 28, 2025
Manipulación y tergiversación de testimonios
Una de las acusaciones más graves formuladas por Ábalos en su querella es que la auditoría "pone en boca" de los funcionarios entrevistados "lo que no han dicho" y "omite lo que sí dijeron". Para el exministro, se trata de una estrategia deliberada para dar una imagen distorsionada de su gestión.
"El informe se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos", sostiene el escrito judicial.
El documento también hace hincapié en aspectos técnicos de la gestión de compras sanitarias durante la pandemia. Se señala, entre otros puntos, la supuesta ausencia de control sobre la trazabilidad de las mascarillas, la falta de actas de recepción y expedición, la escasa documentación sobre el depósito y seguimiento de dicho material, así como irregularidades en la adjudicación de contratos.
Ábalos refuta todas estas acusaciones: "Todas y cada una de las aseveraciones son inciertas y obedecen a un sesgo que se manifiesta en la selección de datos y en la interpretación interesada de los mismos". Añade además que las conclusiones del informe "no reflejan fielmente la realidad de los hechos auditados".
El exministro considera que el informe no cumple con los estándares de una auditoría profesional. Cuestiona que se hayan utilizado "calificativos impropios" y acusa al documento de carecer del rigor esperado.
"No es una auditoría, no cumple el mínimo estándar que integre tal actuación en el ámbito de una organización en cuanto a revisión y análisis de procedimientos", insiste la querella. El texto también rechaza la posibilidad de que pueda considerarse un informe de cumplimiento normativo compliance, al no tener como objetivo la mejora ética de la gestión ni establecer acciones concretas derivadas del análisis.
La motivación política del encargo
Ábalos también apunta directamente al ministro Óscar Puente, a quien reprocha haber encargado la auditoría sin un objetivo claro de control interno. Según José Luis Ábalos, su finalidad era política: "La decisión del actual ministro de Transportes ordenando la realización de esta auditoría carece de justificación alguna porque su proyección no fue el control interno sino la inmediata difusión de sus conclusiones".
A juicio del exministro, Puente utilizó el informe para "mostrar a la opinión pública transparencia, distancia y alejamiento de los anteriores responsables del ministerio en una estudiada proyección de eficiencia y objetividad".