España se encuentra en fase de preemergencia por más de 15 incendios activos en seis comunidades autónomas. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) declaró este lunes la situación operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), un paso previo a la declaración de emergencia, ante el riesgo de que la evolución de los fuegos requiera coordinación directa de medios estatales.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en Ourense, León, Zamora, Toledo, Madrid, Ávila y Cádiz, mientras que los desalojos ya superan las 6.000 personas en varias provincias, con confinamientos y cortes en carreteras.
Según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, el 87,35 % de la superficie forestal quemada entre 2013 y 2022 tuvo causas humanas: un 52,70 % fueron incendios intencionados y un 28,07 % por negligencias. Solo un 4,92 % se atribuyó a causas naturales, como los rayos. Además, el propio informe advierte que "el porcentaje de incendios esclarecidos (autor conocido) permanece por debajo del 20 %", lo que dificulta aplicar sanciones.
Hasta 20 años de prisión
El Código Penal español es tajante: provocar un incendio que ponga en peligro la vida o integridad física de las personas se castiga con entre 10 y 20 años de cárcel, más una multa de 12 a 24 meses. En el caso de incendios forestales, las penas son las mismas si existe riesgo para las personas.
Si no hay riesgo para la vida, las condenas oscilan entre 1 y 5 años, aunque pueden aumentar hasta 6 si el fuego reviste "especial gravedad" —por afectar a grandes superficies, causar daños irreversibles en el ecosistema o producir un grave deterioro de recursos naturales—. Incluso encender fuego sin que llegue a propagarse se sanciona con hasta un año de prisión.
La ley añade una medida poco conocida: la prohibición de recalificar el suelo afectado por un incendio durante un plazo de hasta 30 años para evitar intereses urbanísticos detrás de algunos fuegos intencionados.
Casos recientes
En lo que va de verano, las autoridades han detenido al menos a 25 personas por incendios, incluidos miembros de brigadas de extinción. El caso más grave, en Mombeltrán (Ávila), afectó a 2.200 hectáreas y el presunto autor formaba parte del propio servicio de lucha contra el fuego.
En Tarifa (Cádiz), la sierra ha ardido dos veces en apenas diez días, con "sospechas fundadas" de que el segundo incendio fue provocado. En Muxía (A Coruña), una mujer está siendo investigada por cinco fuegos en solo una semana.
La otra cara: falta de gestión forestal
Expertos y estadísticas coinciden en que la raíz del problema no es solo el clima. La falta de limpieza de montes, el abandono rural y la acumulación de vegetación seca multiplican la intensidad de los incendios. Cada año, la extinción absorbe la mayor parte del presupuesto, mientras que la prevención queda relegada.