Cristina Dexeus: "Es una deslealtad constitucional que Sánchez asegure que hay jueces que no siguen la ley"

El acto solemne de apertura del año judicial es la última polémica en la que ha incidido el Gobierno de Pedro Sánchez por la asistencia del fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz. La presencia de García Ortiz en el acto junto al Rey y la presidenta del Tribunal Supremo ha levantado un revuelo político y la crítica de parte de la carrera judicial y la carrera fiscal.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha dicho que los fiscales están "perplejos por un lado, pero sí, desde luego, muy molestos e indignados de que se produzca esta situación". Dexeus ha contado que "es inédito en España y en Europa" ya que "no ha habido nunca un fiscal general del Estado imputado y, mucho menos, que se mantuviera en el cargo pese a haber sido confirmada la imputación por el Tribunal Supremo".

Es una "situación que ya genera rechazo dentro de la carrera, en parte de la ciudadanía y compromete la imagen de la Fiscalía", ha añadido la presidenta de la Asociación de Fiscales. Ha apuntado también que el hecho de que García Ortiz "se presente en el acto solemne de apertura de año judicial para presentar las memorias de la Fiscalía del año 2024 junto a la Presidenta del Tribunal Supremo y a su majestad el Rey parece un absoluto contrasentido. No debería asistir al acto, debería de haber delegado en su segundo o en cualquier otro fiscal de relevancia y evitar esta tensión institucional absolutamente innecesaria y prescindible".

Sobre la posibilidad de que, llegados al punto en el que se encuentra García Ortiz, se pudiera suspender al fiscal general del Estado de manera legal ha dicho que "el artículo 145 del Reglamento de la Carrera Fiscal prevé que llegados a este punto y, desde luego, si hay apertura de juicio oral, el fiscal ordinario, el fiscal de carrera, sea suspendido de sus funciones para evitar, precisamente, esa imagen distorsionada que podría suponer que un fiscal fuera sometido a juicio estando presente otro fiscal". Eso serviría para "mantener al margen la imagen de imparcialidad del Ministerio Público y esa decisión la toma el fiscal general. Sin embargo, no hay previsión legal ninguna en relación con el fiscal general del Estado que estaría en esta misma situación y que, por tanto, ya por un sentido ético y por sentido de responsabilidad en esta situación, el Fiscal General del Estado debería de dimitir".

La presidenta de la Asociación de Fiscales ha hablado también de cómo el fiscal general del Estado puede presionar a sus subordinados y si eso influye en los casos judiciales. Ha dicho que "en principio, nosotros estamos sometidos al principio de legalidad, de imparcialidad y también al de jerarquía. Pero el principio de jerarquía no es más que un instrumento para los otros dos. Por tanto, es verdad que nosotros podemos recibir indicaciones, pero también podemos oponernos a órdenes que consideremos que no son legales o que no son debidas. Es difícil la situación, pero existe la posibilidad de oponerse".

Ataques del Gobierno a la Justicia

Uno de los asuntos que la presidenta de la Asociación de Fiscales ha comentado ha sido los ataques que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han realizado contra los jueces que instruyen los casos que afectan al entorno personal y político del jefe del Ejecutivo, incluido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Uno de esos últimos ataques lo hizo el propio Pedro Sánchez en la entrevista en TVE del pasado lunes.

Cristina Dexeus ha dicho que "más allá de lo que nosotros podamos sentir, creo que jueces y fiscales conseguimos superar estas presiones y realizarnos trabajo diario. Al margen de todo ello, de esas polémicas, lo cierto es que ya no solo como fiscal, sino también como ciudadana, la sensación de oír al presidente del Gobierno, nada menos, hablando directamente de la existencia de lawfare, o sea, de una guerra de jueces que quieren hacer política contra políticos, contra él y contra gente de su esfera resulta no sólo desagradable, sino muy, muy preocupante".

Ha dicho que el ataque de Sánchez "en realidad eso no es más que un ataque constitucional a la separación de poderes que rigen un Estado de Derecho. Es una deslealtad constitucional y una irresponsabilidad institucional que el presidente del Gobierno asegure que en España hay jueces que no siguen la Ley con imparcialidad y con rigor, sino que lo que pretenden es hacer una persecución política. Es inadmisible, creo yo, en una democracia consolidada como es España".

La presidenta de la Asociación de Fiscales ha dicho que Sánchez "revelaba el motivo de ese ataque porque siente que está acorralado por procedimientos judiciales que se han incoado en relación con personas muy próximas a él, tanto familiares como colaboradores". En este punto el presidente del Gobierno "decide, en lugar de asumir que si son inocentes la Justicia actuará y los absolverá, o sea, con la confianza que ha de tenerse en una democracia en la que todos somos iguales ante la Ley y nadie está por encima, lo que hace es atacar indisimuladamente a los jueces que están tramitando esas esas causas cuando lo que hay que hacer es evitar presiones, y mucho más, cuando para ellos se utiliza un cargo tan relevante como es el de presidente del Gobierno".

El recorrido judicial para García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está inmerso en una causa judicial a un paso de la apertura de juicio oral del que aún no hay fecha. La presidenta de la Asociación de Fiscales ha dicho que cree "que tampoco falta tanto recorrido a la causa para llegar en su momento a al enjuiciamiento del fiscal general, porque las acusaciones ya han mostrado sus cartas, por así decirlo".

"Ahora solo falta que se adecuen al auto dictado por la Sala de apelación en el que excluyen a la Fiscal Jefe de Madrid de toda imputación. Le han apartado, con lo cual deberán de acomodar sus escritos y ya se dictará auto de apertura de juicio oral, a la espera de que el Ministerio Fiscal, que ha pedido el sobreseimiento, diga efectivamente y, después, la abogacía del Estado, que ejerce en este caso la defensa de García Ortiz y luego ya admisión de las pruebas propuestas por las partes y señalamientos del juicio", ha explicado. Todo esto "podría ser unos unos cuantos meses", pero "lo que pasa es que se complica el escenario porque viene el mes de diciembre, que es prácticamente inútil para estos fines". "Alguien habla de de noviembre", ha finalizado.