García Ortiz será juzgado en noviembre en el Supremo por un tribunal de siete magistrados
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el objetivo es enjuiciar al fiscal general del Estado cuanto antes".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado previsiblemente el próximo mes de noviembre en el Tribunal Supremo por 7 magistrados.
García Ortiz está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Previsiblemente, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, dicte auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general en los próximos días. Se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el tribunal estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta; y lo compondrán su antecesor en el cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo".
Las mismas fuentes consultadas subrayan que "el objetivo es enjuiciar al fiscal general del Estado cuanto antes y por ello, se trabaja para celebrar la vista oral el próximo mes de noviembre. En principio, no se espera que el juicio sea largo, aunque aún debe fijarse si habrá sesiones de mañana y tarde y el número de testigos que serán citados para declarar".
Mientras tanto, el fiscal general del Estado no se plantea renunciar. Sigue manteniendo que es bueno para el Ministerio Público que siga al frente de la Fiscalía, aunque no sea lo mejor para él. También asegura que su puesto no depende del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque se siente muy agradecido por su respaldo. Defiende que permanecer en su puesto significa que una "mentira" no puede tumbar al fiscal general del Estado. Además, subraya que no está sometido a ningún poder.
Por último, no se plantea dimitir en ningún escenario, lo que significa que podría sentarse en el banquillo de los acusados siendo fiscal general del Estado. Asegura creer en la verdad, en el Estado de Derecho y en la imparcialidad de los tribunales.
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