Illa, al frente de las protestas separatistas contra el TSJC tras el nuevo fallo sobre el catalán

A menos de 24 horas para la Diada más desangelada de los últimos quince años, el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, ha aprovechado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular parte del decreto 91/2024 del 14 de mayo de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario para calentar la víspera y cargar contra los jueces.

Al igual que Pedro Sánchez, el líder socialista catalán lleva a cabo una cruzada contra los jueces. Primero, cargó contra los magistrados del Tribunal Supremo por recurrir la aplicación de la amnistía a los condenados o acusados por malversación, como es el caso del prófugo Carles Puigdemont. Y ahora, aprovechando la resolución lingüística, Illa ha cargado contra los jueces del TSJC, a los que acusa de hacer un "uso político" de la lengua.

"No permitiré que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia", ha señalado Illa como primera respuesta a la resolución judicial. También ha manifestado que "defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas". Entre esas medidas, el recurso contra la última decisión judicial. Y es que según Illa, "el catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de la escuela".

El español, sólo para una asignatura

El decreto que ha sido parcialmente anulado por el TSJC reducía el español a la enseñanza de la asignatura de "lengua castellana" y "contenidos específicos" que no concretaba mientras que otorgaba al catalán la condición de única lengua vehicular, única lengua de acogida, única lengua de la actividad de los centros y única lengua en las comunicaciones escritas y orales con las familias.

Ese decreto, aprobado por el Govern de ERC cuando ya estaba en funciones tras haber convocado las últimas elecciones autonómicas, tenía como objetivo evitar la aplicación de las sentencias sobre el 25% de español en la enseñanza obligatoria.

Con su reacción, Illa se pone al frente de la desmesurada reacción del separatismo, donde se habla de "golpe de Estado judicial contra la lengua catalana" y "persecución de siglos" entre otros disparates. En Junts piden movilizaciones mientras que la número dos de ERC, Elisenda Alamany ha acusado a los jueces de "hacer política contraviniendo todos los criterios pedagógicos".