El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a su expulsión de la Carrera Fiscal cuando sea juzgado en el Tribunal Supremo.
El magistrado del Alto Tribunal Ángel Luis Hurtado, acordaba la semana pasada la apertura de juicio oral para el fiscal general por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El magistrado rechazó suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz por un "vacío legal" y le exigió una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar. Además, fue apercibido de que si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Álvaro García Ortiz puede enfrentarse a su expulsión de la Carrera Fiscal si finalmente es condenado por un delito revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal y es inhabilitado para cargo público, tras ser juzgado el próximo mes de noviembre".
Cabe destacar que el artículo 32.4 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que la "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses", supone la pérdida sobrevenida de la condición de fiscal.
"A García Ortiz le puede suceder lo mismo que a Baltasar Garzón. El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional fue expulsado de la Carrera Judicial tras ser condenado a inhabilitación por el Supremo por las escuchas ilegales a los abogados de la trama ‘Gürtel’ por un delito doloso. Es decir, que la persona que comete el delito actúa de manera consciente y deliberada, sabiendo que su conducta es ilegal y aun así decide llevarla a cabo", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "existen pocas probabilidades de que García Ortiz acabe en prisión. Por un delito de revelación de secretos puede ser condenado, pero otra cosa es que la pena sea suficiente para ser encarcelado. No se descarta incluso que se le acabo imponiendo solo una multa y la inhabilitación. La sentencia previsiblemente se conozca antes de Navidad".
"Todavía no se ha decidido si el juicio será retransmitido tal y como sucedió con la vista sobre el golpe del 1-O o si los medios podrán seguirlo en directo. No obstante, se quiere evitar que el juicio al fiscal general del Estado se convierta en un circo", concluyen. Recordamos que se trata de la primera vez en la historia de España que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados.
El tribunal que juzgará al fiscal general estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta; y lo compondrán su antecesor en el cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo. Arrieta, Marchena, Berdugo, Del Moral y Ferrer ya integraron el tribunal que enjuició el golpe del 1-O.
En la Sala Penal del Supremo se trabaja para celebrar la vista oral el próximo mes de noviembre si no hay imprevistos. En principio, no se espera que el juicio sea largo, aunque aún debe fijarse si habrá sesiones de mañana y tarde y el número de testigos que serán citados para declarar.
García Ortiz, atrincherado
Mientras tanto, Álvaro García Ortiz sigue manteniendo que es bueno para el Ministerio Público que siga al frente de la Fiscalía, aunque no sea lo mejor para él mismo. También asegura que su puesto no depende del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque se siente muy agradecido por su respaldo público.
García Ortiz defiende que permanecer en su puesto significa que una "mentira" no puede tumbar al fiscal general del Estado y subraya que no está sometido a ningún poder. Por ello, sostiene que no se plantea dimitir en ningún escenario. Por tanto, es bastante probable que se siente en el banquillo de los acusados siendo todavía fiscal general.
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