El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha acordado rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para asegurar responsabilidades pecuniarias tras abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El instructor no incluye en la nueva cuantía la partida por la eventual multa para ese delito que se pudiera imponer al investigado y que sí había incluido en el cálculo inicial.
En el auto de 5 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado explica que la acusación particular, en nombre de Alberto González Amador, ha presentado recurso de reforma contra el auto de apertura juicio oral, en el que solicita que se corrija el error material de integrar la multa contemplada para el delito de revelación de secretos en el cálculo de los 150.000 euros establecidos inicialmente. Además, hace referencia para corregir el error a la doctrina del Tribunal Constitucional.
El instructor indica que en este auto, notificado hoy, no responde a dicho recurso de reforma, porque el trámite para ello está en curso, pero afirma que sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, "puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten".
Añade que su resolución se limita a hacer la rebaja "que entiendo oportuna en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil".
Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya había aportado parte de su patrimonio para hacer frente a los 150.000 euros iniciales de fianza que le impuso el Supremo porque no disponía de esa cantidad en metálico.
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com