Los miedos del Gobierno al jurado popular: del Madrid facha lleno de 'ayusers' al 90% de condenas

La decisión del juez Peinado de iniciar el procedimiento para que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se sienten en el banquillo de los acusados por malversación de caudales públicos ante un jurado popular, ha provocado un terremoto político y mediático con todo tipo de reacciones, y mucho nerviosismo, en el Gobierno y en sus terminales mediáticas. En parte porque les rompe el discurso del lawfare que inició Pedro Sánchez durante sus cinco días de retiro tras la imputación de su esposa hace año y medio, y en parte por el miedo que, de pronto, se ha apoderado de la izquierda a que un jurado popular sea el encargado de juzgar el presunto delito de malversación si al final se llega a juicio.

Los miedos estarían provocados, en primer lugar, por el elevado tanto por ciento de sentencias condenatorias que se han producido con jurados populares desde que la Ley del Tribunal del Jurado entró en vigor en mayo de 1995: según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 89,9% de las sentencias emitidas por los jurados serían condenatorias.

El segundo miedo que tiene la izquierda política y mediática es al sesgo que, según ellos, van a tener los miembros de ese tribunal.

Requisitos para ser jurado

Uno de los requisitos que se exige para ser jurado es "ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido". Por lo tanto, los nueve ciudadanos que deberán juzgar a Begoña Gómez, si el caso acaba finalmente en juicio, además de cumplir con los demás requisitos que exige la ley —ser español, mayor de edad; encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos; saber leer y escribir; contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado; y algunos otros condicionantes como, por ejemplo, estar condenado por un delito doloso o estar inmerso en un juicio— saldrían de un Madrid descrito por la izquierda como un Madrid facha. Es decir, y siguiendo con la caricatura que hace la izquierda: un jurado lleno de ayusers, a los que probablemente les gusta la fruta, sería el encargado de juzgar, y seguramente condenar —eso presuponen—, a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo dijo nada más salir de la Sesión de Control: podían "llamar a los de la calle Ferraz para que vayan al jurado popular", aludiendo a las manifestaciones contra el PSOE frente a su sede, mostrando, ya de inicio, una falta total de respeto hacia los procedimientos de selección del Tribunal del Jurado recogidas en la ley y una atribución de un sesgo facha hacia la posible composición del mismo.

Porque la ley no sólo establece cómo se hace la "lista" de los potenciales "candidatos a jurados" —mediante un sorteo de las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en los últimos 15 días de septiembre de los años pares, más otro sorteo 30 días antes de la celebración de la primera vista de cada juicio por jurado, donde se selecciona a un grupo de ellos—, sino que regula el proceso para descartar las incompatibilidades en las que puedan incurrir los seleccionados y que las partes puedan interrogar a los candidatos y proponer recusaciones —cada parte puede recusar hasta a cuatro aspirantes—. Como ya no pueden atacar al jurado por lawfare, ahora toca atacarlo por proceder de una comunidad autónoma facha.

Un tribunal "popular"

El mismo carácter sesgado le otorga al futuro Tribunal del Jurado la periodista de eldiario.es, Elena Herrera, entrecomillando "popular" al referirse al tribunal que juzgaría a la mujer del presidente del Gobierno si su caso fuese a juicio: "El juez Peinado expande su acción contra el Gobierno y avisa de un tribunal 'popular' para Begoña Gómez", titula el artículo, dedicado a criticar la instrucción del juez.

En el texto repite el mismo entrecomillado por si hubiese alguna duda de cuál cree que va a ser la orientación de ese tribunal: "Son las grandes cifras de la causa que el juez Juan Carlos Peinado sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez, a la que este miércoles comunicó que si finalmente se sienta en el banquillo por el delito de malversación que le atribuye por las tareas que realizó su asistente será un jurado 'popular' quien determine si es o no culpable".

En el mismo periódico, Íñigo Sáenz de Ugarte se pregunta si los futuros "jurados serán capaces de abstraerse de sus ideas o prejuicios y olvidar toda la información que hayan podido leer el último año en los medios sobre Begoña Gómez a la hora de dictar su veredicto". Y se responde: "Teniendo en cuenta la instrucción que ha perpetrado Peinado, seguro que es algo en lo que el juez ha pensado".

"Un plebiscito sobre su mujer"

En El Periódico, Ernesto Ekaizer, hace una curiosa interpretación de lo que él considera una jugada del juez Peinado. En su opinión, "el instructor quiere que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente Cristina Álvarez y el ex secretario general de Presidencia Francisco Martín, sean objeto de un veredicto popular, lo que podría servir de patrón para los otros delitos que seguirá investigando, como el tráfico de influencias". Y su conclusión es que "en la España 'antisanchista' las posibilidades de un jurado neutro parecen muy poco probables. Ello en un país en el que en 2023, de los 44 juicios de esta modalidad celebrados en Madrid en 2023, 43 acabaron con sentencia condenatoria. Hay una lectura política en todo esto. Como Sánchez no quiere convocar elecciones, pues se celebrará un plebiscito sobre su mujer".

En Madrid, el 55% votan a PP y Vox

La presión mediática sobre un jurado que aún ni se ha constituido no ha hecho más que empezar y algunos adelantan ya un veredicto en función de la composición ideológica de Madrid. En Hora 25 de la Cadena Ser, la periodista de La Vanguardia, Lola García, hacía su análisis la pasada noche, a las pocas horas de conocerse el auto del juez Peinado, en base a los porcentajes electorales que se habían dado en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas, mostrando su preocupación porque el 55% de los madrileños habían votado al PP y a Vox, por lo que, de esa forma, el jurado popular saldría aleatoriamente con ese porcentaje.

Dice la periodista que hay instancias judiciales superiores que luego pueden corregir al jurado, pero claro, mientras tanto "ya tendríamos a la mujer del presidente del Gobierno condenada" se queja, señalando que los tiempos de la política son diferentes de los de la justicia. Que se lo digan a Francisco Camps, por ejemplo.

Si esto ha ocurrido sólo horas después de conocerse la decisión del juez Peinado, podemos suponer que la presión política y mediática irá en aumento, sobre todo si finalmente se abre juicio y, más aún, cuando se inicie la selección del jurado.